En marzo de 2020, días antes de que comenzase el confinamiento duro por la pandemia del Covid-19, la ciudad de Chiclana fue escenario de un grave episodio de violencia en el que un policía local acabó en la UCI tras ser atacado con un palo de madera por un hombre que se atrincheró en su domicilio en el transcurso de una disputa familiar. El agresor se sentó la semana pasada en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Cádiz. No fue necesario celebrar el juicio. Admitió la autoría de los hechos y aceptó una condena de cinco años y tres meses de cárcel.

Así, ha quedado probado que el 6 de marzo de 2022, sobre las nueve de la mañana, A.L., de 42 años de edad entonces y con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, se encontraba en su domicilio en Chiclana cuando le pidió dinero a su madre para comprar droga. Al decirle la madre que no tenía, el hijo le dirigió expresiones tales como “puta guarra o hija de puta”.

Ese mismo día, sobre las tres de la tarde, el ahora condenado volvió a insistir a su madre para que le diese dinero para adquirir sustancias estupefacientes. Como la mujer se mantuvo en su negativa, el hijo “amenazó con matarla y le profirió los mismo insultos que le había dirigido por la mañana” con ánimo de amedrantarla, detalla la resolución judicial. Asimismo, provocó diversos destrozos en la vivienda.

A continuación, prosigue la sentencia, salió de la vivienda y cuando pasó por delante de la ventana de su vecino le dijo “ya te cogeré”.

La madre denunció los hechos, de ahí que un grupo de agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil se personaran en el domicilio para detener al procesado.

Pese a que le requirieron en diversas ocasiones para que saliera de la casa, se negó a ello y les advirtió que si salía, lo haría con una katana.

En tales circunstancias, el padre intentó mediar, si bien el hijo lo agarró del brazo y lo metió de nuevo dentro de la vivienda, momento en el que los agentes escucharon al progenitor pedir auxilio porque su hijo lo tenía retenido.

Agresiones y amenazas

Según el relato de hechos probados, los policías accedieron al inmueble –cuya puerta se encontraba abierta– y una vez dentro comprobaron que el agresor portaba en la mano un palo de madera con el que se dirigió hacia ellos.

El hombre comenzó a propinar golpes con el palo en el escudo protector de un guardia civil aunque también lo alcanzó en el cuerpo. Por ello, uno de los policías intervinientes decidió disparar su táser; aún así, no logró reducir al atacante, quien le dio un fuerte golpe en la cara y lo hizo caer al suelo inconsciente.

Otro policía que acudió para repeler el ataque a su compañero recibió un puñetazo en el pecho. A continuación, el agresor embistió al resto de agentes y a uno lo golpeó con el puño.

Un policía que hasta entonces se encontraba en el exterior de la vivienda entró en la misma para tratar de detener al hombre y quitarle un banco de abdominales que tenía agarrado, sin embargo, recibió un fuerte golpe en la nariz.

“Finalmente, los agentes consiguieron reducir al acusado utilizando la fuerza mínima indispensable”, expone la sentencia, que añade que “tiempo más tarde, cuando el encausado se encontraba en el centro de salud, amenazó a un agente con darle un machetazo en la cabeza a su hijo”.

Todos los intervinientes sufrieron heridas  de diferente consideración, si bien el policía local que recibió un golpe en la cara tuvo una TCE grave (una lesión cerebral provocada por un fuerte traumatismo) por la que fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Puerto Real. Hubo que realizarle una intubación orotraqueal y conectarlo a ventilación mecánica. Como secuelas le ha quedado síndrome postconmocional y estrés postraumático de carácter moderado. Y es que a raíz del episodio violento vivido “se le ocasionó un grado de perjuicio moral por pérdida de calidad de vida grave”, precisa  el dictamen de la Audiencia.

La  resolución judicial señala  que el procesado padece un trastorno de la personalidad y dependencia a los psicofármacos. Del mismo modo, indica que en el momento de los hechos había consumido cocaína, lo que junto a su patología, disminuyó notablemente su capacidad volitiva.

El tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado al agresor como responsable de dos delitos leves de amenazas, un delito de atentado contra agente de la autoridad y numerosos delitos de lesiones a la  pena total de cinco años y tres meses de prisión y el pago de una multa.

Asimismo, el tribunal ha decretado varias indemnizaciones a favor de los agentes damnificados, la mayor, para el policía local  que acabó en la UCI: 20.800 euros por las lesiones ocasionadas, 18.000 euros por las secuelas, así como 86.000 euros por el perjuicio moral debido a la pérdida de calidad de vida grave, más el 10% por ser un delito doloso.

El condenado se encuentra en prisión provisional desde el 9 de marzo de 2020. Para el cumplimiento de la pena impuesta en sentencia se le abonará el tiempo que ya ha estado privado de libertad.