AFO: la solución a unas 1.300 viviendas irregulares en Chiclana
Previsiblemente, el Pleno Municipal de octubre aprobará de manera definitiva esta figura, que dotará de servicios básicos a estas edificaciones
El Pleno de Chiclana aprueba la ordenanza que permitirá dotar de servicios a los AFO
Avanza el plan especial que dotará de servicios básicos a ochenta viviendas del diseminado de Chiclana
El pasado julio, el Pleno del Ayuntamiento de Chiclana aprobaba inicialmente, con el voto favorable de todos los grupos municipales, a excepción de Vox, la ordenanza que regula el procedimiento administrativo para declarar a unas 1.300 viviendas sin licencia en situación de Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO).
Con ella, se adapta este mecanismo, que ya existía desde hace algún tiempo, a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). Tiene como objeto dotar de servicios básicos a cualquier edificación construida sin licencia, sea cual sea el tipo de suelo, siempre que esté acabada y en la que haya prescrito el delito urbanístico (al haber transcurrido el plazo de seis años).
Sobre la ubicación de estas edificaciones en el municipio, fuentes de Urbanismo, señalan que, básicamente, se trata de viviendas que se encuentran junto a la zona urbana, además de en La Rana Verde, donde sus propietarios, al tener las conexiones a pie de parcela, podrán beneficiarse de las redes de luz, agua y alcantarillado.
Tal y como se ha apuntado al principio, esta nueva norma está aprobada inicialmente, por tanto, aún queda algún tiempo hasta su entrada en vigor de manera definitiva.
En estos precisos momentos, se encuentra en la fase de exposición pública, etapa en la que se pueden presentar alegaciones, algo que sucederá irrevocablemente, ya que el Partido Popular anunció recientemente que así lo haría. A pesar de ello, desde la Delegación de Urbanismo, se señala que, “en principio y como muy tarde, en el Pleno Municipal del mes de octubre, prevemos que podría estar aprobada definitivamente”.
Tras superar esta fase y después de la publicación de su texto íntegro en la Boletín Oficial de la Provincia (BOP), los propietarios de esas 1.300 viviendas podrán iniciar las gestiones para tener servicios básicos, unos trámites que se contemplan en la LISTA.
Trámites
Para el primer paso, el Ayuntamiento ha creado la figura de preAFO, que capacita a Chiclana Natural y ENDESA a pronunciarse sobre la posibilidad que tienen estas edificaciones de conectarse a los servicios.
Una vez que se tiene el informe favorable de estas dos entidades, ya se podrá solicitar la obtención de la situación AFO, que debe ir acompañada de una documentación certificada por una persona con titulación habilitada. En ella, se ha de acreditar que en todas las construcciones que existen en la parcela han prescrito las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística, que se reúne las condiciones mínimas de seguridad y salubridad, una descripción de las edificaciones y valoración de las mismas y las obras necesarias para conectarse a los servicios.
Tras presentar toda esta información en el Ayuntamiento, se vuelve a enviar a Chiclana Natural, que revisará toda la documentación y se pronunciará al respecto.
Sobre el tiempo que llevará este proceso, desde la Delegación de Urbanismo explican que “es difícil calcular”, dada las diferentes situaciones que existen, pero sí aclaran que la nueva ordenanza recoge que el propietario dispone de seis meses para solicitarlo.
En este sentido, es importante señalar que esta nueva ordenanza prácticamente obliga a las viviendas que tengan posibilidad de conexión, al contempla la tramitación de oficio por parte del Consistorio.
De tal manera que este puede instar al propietario a ello e incluye que, si transcurrido esos seis meses no hubiese hecho nada al respecto, será el propio Ayuntamiento el que se encargue de realizar el procedimiento, lo cual llevaría consigo un recargo del 20 por ciento sobre el importe total de los trabajos.
Respecto al coste, el alcalde de Chiclana, José María Román, explicó en el Pleno Municipal de julio que, “a diferencia de la regularización, solo se pretende dotar de servicios básicos, lo que implica un importe mucho más económico”.
A la vez que anunció que, como se contempla en la ordenanza, “se podrá fraccionar el pago hasta un máximo de ocho años, por lo que no hay excusa para esas 1.300 viviendas que tienen los servicios a pie de calle”.
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