El primer Pleno del 2023, año electoral, se cerró en Chiclana sin grandes sobresaltos y en menos de una hora, con la matización de la ordenanza fiscal como principal novedad. El Gobierno municipal cedió en materia de transparencia y accedió a eliminar algunas tasas relacionadas con la entrega de documentos a quienes solicitan información pública.

En una sesión anterior, el equipo de Gobierno consiguió sacar adelante una rebaja destacada de la tasa por copia de documentos públicos, que grava la entrega de informes o expedientes a las asociaciones o entidades jurídicas que reclaman información. Hasta ahora, el Ayuntamiento había reducido el precio, pasando de cobrar hasta 1,50 euros por página, en el peor de los casos, a los 10 céntimos, una tasa testimonial.

Sin embargo, entidades como Ecologistas en Acción venían reclamando la gratuidad en estas entregas en aras de la transparencia. El Gobierno municipal, que había defendido hasta ahora la necesidad de imponer un coste al trabajo extra que supone para los técnicos municipales el borrado de datos personales y la copia de documentos, ha accedido ahora en parte a las peticiones de esta entidad.

De esta forma, serán gratuitas las copias de los documentos digitalizados que no requieran borrar datos personales, es decir, la entrega de información que no conlleve un trabajo extra de los técnicos municipales. Además, se ha incluido una excepción tributaria para las asociaciones medioambientales reconocidas, que quedarán exentas en las 20 primeras copias.

El grupo municipal Podemos, que ha venido negociando con el PSOE esta rebaja, votó en contra de la propuesta al considerarla poco ambiciosa, ya que casi todos los documentos suelen tener algún dato personal que retirar. “Es una medida cosmética porque a la hora de la verdad se acabaría cobrando casi siempre. No podemos cargar el tratamiento de datos personales a quienes piden información”, manifestó su portavoz en el Pleno, Jorge Guerrero. La propuesta salió adelante con la abstención de Ciudadanos y el PP.

Además, la Corporación municipal aprobó la designación de la concejala no adscrita Esther Gómez como jueza instructora del expediente para conceder la medalla de plata de la ciudad al CEIP Isabel La Católica. La edil deberá recabar los méritos para distinguir a este centro educativo en un plazo inferior a cuatro meses. Sólo Ganemos, el grupo político que abandonó hace dos años, votó en contra.

Por su parte, el PP retiró la moción de control que habían presentado para debatir sobre “la situación en la que se encuentra el Pabellón Costa Sancti Petri”. El motivo, según apuntó el alcalde, José María Román, fue el “contexto administrativo actual”. Esta misma semana, la Junta de Gobierno Local aprobaba el pliego para la reparación y puesta en funcionamiento total de este espacio, que mantiene varias de sus instalaciones cerradas desde hace años.

Además, el Gobierno municipal dio cuenta de la aprobación del primer Plan LGTBI, una estrategia para fomentar el respeto y la diversidad en los próximos tres años. El documento servirá de hoja de ruta para aprobar medidas en defensa de las Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales de la ciudad y pretende situar al Ayuntamiento en “un referente a nivel provincial” en esta materia.