Miércoles, 4 de julio. Queda un día para que finalice el plazo establecido por la Real Federación Española de Fútbol para el depósito de un aval de 200.000 euros o el ingreso de esa cantidad en la cuenta de la RFEF al que está obligado el Cádiz para poder competir en Segunda División B la temporada venidera. El club todavía no ha cumplido con este requisito y de no hacerlo a lo largo de la jornada hoy o en la mañana del jueves será sancionado con el descenso automático a Tercera División, una medida que pondría al club al borde de la desaparición.

El tiempo se echa encima y la solución no termina de llegar, aunque "el club confía en que se solvente el problema", señalaba ayer a este periódico el consejero Martín José García Marichal. El dirigente cadista reconocía que "no está solucionado, pero se está en la dirección adecuada, el consejo de administración se está moviendo, se barajan varias alternativas y entre el miércoles y el jueves hay que dar carpetazo a este asunto".

La clave para encontrar una salida airosa pasa por un acuerdo entre el Cádiz y el Ayuntamiento que tampoco termina de concretarse, aunque al menos los abogados de Antonio Muñoz -del bufete sevillano Cuatrecasas- y técnicos municipales están en permanente contacto desde hace unos días y hoy podría haber fumata blanca. De hecho, en San Juan de Dios han dado de plazo hasta hoy al accionista mayoritario para cerrar un acuerdo.

Según ha podido saber este periódico, las posturas han estado cercanas pero han surgido discrepancias de última hora relacionadas con el lucro cesante derivado de las obras de construcción de la nueva Tribuna del estadio Ramón de Carranza. El Consistorio ha valorado en 756.000 euros la cantidad que debe abonar al club por ese concepto, pero el máximo accionista podría considerar que esa cifra debería ser mayor al no estar contabilizado todo el tiempo que el Cádiz ha estado sin poder contar con la principal dependencia del estadio.

Se cual sea la cantidad final, ese dinero es vital para que la entidad con sede en el barrio de La Laguna pueda cerrar la temporada y no ponga en peligro su viabilidad. Los administradores concursales dan prioridad al encaje de las cuentas antes de autorizar la presentación de los 200.000 euros de marras.

Si el club puede contar finalmente con los 756.000 procedentes del Ayuntamiento (además de otros cobros pendientes, como los plazos que aún debe pagar el Almería por el traspaso en su momento del excadista Chico al Génova), los administradores dispondrían de la garantía de cobro y darían vía libre al depósito de la cantidad estipulada por la RFEF.

Los clubes obligados a avalar para poder competir está teniendo problemas para conseguir el dinero en la fecha fijada por la RFEF. En el Cádiz se han puesto en contacto con la Federación Andaluza de Fútbol para que a su vez intermedie ante la Española en la búsqueda de una fórmula más suave para afrontar esa obligación.