Las vecinas de Javier de Burgos, 19, en Cádiz, logran negociar con la SAREB
Lo han conseguido gracias a la movilización social iniciada por la APDHA y al asesoramiento del Sindicato de Inquilinas
El caso Javier de Burgos, 19 de Cádiz llega al Congreso de los Diputados

El caso de la finca de Javier de Burgos 19, gestionada por SAREB, ha dado un giro decisivo tras semanas de intensa movilización social iniciada por la APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía) y sostenida por las inquilinas organizadas en el Sindicato de Inquilinas de Cádiz, informa a través de un comunicado esta última organización.
"La presión ejercida ha conseguido que la representante de SAREB acceda finalmente a iniciar un proceso de negociación directa con las familias afectadas, algo que ni el Ayuntamiento ni otras instituciones habían logrado hasta la fecha", afirman desde el Sindicato de Inquilinas de Cádiz.
Primeros movimientos tras la apertura del diálogo
"La respuesta de SAREB no se ha hecho esperar. En la tarde del jueves 12 de junio, dos mediadoras de Servihabitat se presentaron en la finca por encargo de SAREB para realizar una inspección fotográfica y mantener contacto directo con las inquilinas afectadas. Esta visita confirma que la presión ejercida está surtiendo efecto y que la negociación ha comenzado de facto", aseguran.
"Sin embargo, desde el Sindicato de Inquilinas se ha hecho llegar a las vecinas la importancia de establecer protocolos claros para futuras interacciones. Las inquilinas han sido orientadas para exigir que cualquier visita o gestión se coordine previamente por correo electrónico, tanto con el sindicato como con la representación vecinal de la finca, garantizando así transparencia y respeto hacia los horarios y la intimidad de las afectadas", precisan.
"La fuerza de la organización vecinal donde fallan las instituciones"
"La escalada de actuaciones demuestra que la estrategia de presión social ha resultado efectiva donde las gestiones institucionales fracasaron sistemáticamente. El Sindicato de Inquilinas se ha convertido en la única entidad capaz de generar respuestas concretas y rápidas por parte de SAREB, estableciendo un canal de comunicación que ni el Ayuntamiento ni otras instituciones habían conseguido abrir", agregan.
"El caso de Javier de Burgos 19 pone de manifiesto una flagrante contradicción en las políticas de vivienda del Gobierno. Mientras Pedro Sánchez anuncia públicamente la puesta en marcha de alquileres asequibles a través de SAREB, la realidad es que esta misma entidad está ejecutando desahucios y manteniendo fincas en condiciones deplorables en ciudades como Cádiz. Esta paradoja se enmarca en un contexto de creciente cuestionamiento a las políticas de SAREB, especialmente tras las presiones de izquierdas y colectivos sociales para que no renueve su controvertido contrato con el fondo buitre KKR, tal como recoge la información publicada recientemente en medios especializados", añaden.
Alerta ante "posibles maniobras divisorias"
"El Sindicato de Inquilinas mantiene una actitud vigilante ante las posibles tácticas que SAREB pueda emplear durante las negociaciones. La experiencia de la organización sugiere que es habitual que las grandes gestoras inmobiliarias intenten fragmentar la respuesta colectiva ofreciendo condiciones diferentes a distintas inquilinas", advierten desde el Sindicato de Inquilinas.
"Es probable que en algunos pisos digan que no hacen contratos porque no se cumplen requisitos y que otros pisos, nos los arreglan", explican desde el sindicato, "mostrando su conocimiento de las estrategias habitualmente empleadas por este tipo de entidades para debilitar la cohesión vecinal".
"Un precedente que marca la diferencia"
"El éxito en conseguir la interlocución directa con SAREB demuestra la efectividad de la organización popular frente al fracaso de las vías institucionales", sostienen desde el Sindicato de Inquilinas, que "se ha consolidado como la única entidad capaz de generar respuestas concretas de SAREB, algo que ni el Ayuntamiento ni otras instituciones habían logrado hasta la fecha. Este precedente puede marcar un antes y un después en la manera de abordar los conflictos de vivienda en Cádiz, evidenciando que la movilización ciudadana organizada consigue resultados tangibles donde las gestiones institucionales tradicionales encuentran puertas cerradas".
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