La urgencia de más viviendas en Cádiz choca con la lentitud de la administración a la hora de plantear más promociones

Todas las administraciones, Ayuntamiento, Junta y Estado, han situado la promoción de nuevo vivienda pública en Cádiz entre una de sus principales prioridades. Es un problema que se extiende a buena parte del país, cierto, pero en nuestra ciudad se acrecienta por la falta de suelo y la enorme pérdida de población que la ciudad viene sufriendo desde hace tres décadas por la ausencia de nuevos pisos.

La necesidad de nuevas viviendas es evidente: el registro que tiene Procasa llega a 6.000 solicitantes de pisos protegidos, tanto en venta como en alquiler; los pisos en alquiler siguen siendo escasos y con precios muy altos, además apenas se llega al centenar la oferta de alquileres residenciales; la demanda de vivienda tanto protegida como de renta libre supera con creces a la oferta existente, lo que tira de los precios: Cádiz está entre las ciudades del país con el metro cuadrado de suelo más caro. Y todo ello cuando se agotan ya los únicos suelos libres o son cada vez menos las fincas que se pueden rehabilitar en el casco antiguo, lo que está afectando también a la iniciativa privada, cada vez con menos terreno donde poder construir las también necesarias viviendas de renta libre.

Ante este reto, las distintas administraciones han lanzado mensajes de apoyo a la vivienda pública, pero con resultados que hasta ahora son escasamente visibles.

El Ayuntamiento, lógicamente, lidera estos planes. El gobierno municipal ha puesto sobre la mesa varios millones de euros para la construcción de nuevas viviendas, además de las que tiene en marcha. La última decisión ha sido destinar 12 millones de euros a reducir el problema habitacional en la ciudad. Sin embargo, a pesar de que han pasado varios meses desde este anuncio, aún no se han especificado qué obras se van a sacar adelante con este dinero, según se reconoce desde el propio Ayuntamiento.

Hoy se está trabajando en dos proyectos cuya planificación se inició en el anterior mandato y cuyo final está próximo: García de Sola y Marqués de Crópani, con un total de 51 nuevas viviendas en alquiler protegido. También se trabaja en una de las grandes operaciones de este mandato, en Marconi, con 53 pisos también en alquiler. Están en fase de redacción de proyectos o de inicio de trabajos promociones en Pericón de Cádiz, Calderón de la Barca, García de Sola y San Juan Bautista la Salle, con un total 44 viviendas.

Más allá de ello, la planificación municipal sigue pendiente de que el gobierno municipal aclare dónde va a gastar estos 12 millones de euros extras para vivienda, y los que vaya consignando en nuevas partidas presupuestarias.

La cuestión es que, vista la gravedad de este problema, las decisiones administrativas no se toman con la agilidad que debiera, aunque la reserva de suelo que le queda a la ciudad es escasa y nada complicada de localizar.

Nuevos suelos para construir vivienda municipal

Hoy el Ayuntamiento tiene tres suelos que, para las dimensiones de esta ciudad, permiten la ejecución de promociones de pisos con varias decenas de unidades, lo que ya es un importante avance.

En la primera, el gobierno local ya ha anunciado una actuación: es la lonja de frutas, donde el PGOU de 2012 ya incluía su derribo y su cambio de uso residencial. Aquí se calcula una inversión de 1,4 millones para la demolición del inmueble y la construcción de 104 viviendas.

De propiedad municipal son los suelos de los antiguos colegios de Carmen Jiménez, en la trasera de El Corte Inglés, y el recientemente cerrado Adolfo de Castro, en el Cerro del Moro. Entre los dos terrenos bien caben un mínimo de 300 nuevas viviendas protegidas.

Tras los acuerdos con la Junta el Ayuntamiento dispone también de la parcela del Chalé de San Luis, en la Avenida, y una parte de los terrenos de las Casitas Bajas (de propiedad privada en resto). Aquí no se descarta su venta a una promotora privada para obtener fondos con los que ejecutar la primera fase de la remodelación del barrio Manuel de Falla. Esta es otra operación pendiente, aunque en ella sí se han dado ya diversos pasos administrativos. Cuando concluyan, junto a la mejora habitacional de quienes hoy viven en esta zona de la ciudad, se habrán logrado unas decenas más de pisos.

El Ayuntamiento prevé destinar 1,7 millones para la expropiación de fincas en el casco antiguo, aunque este es un proceso legal muy lento de desarrollar y con un limitado número de nuevas viviendas municipales.

Todos estos nuevos suelos podrían pasar a dejar de ser dotacionales y residenciales gracias a la nueva norma urbanística de la Junta. Todo ello debería de agilizar los plazos.

El reto de final de mandato para Bruno García

Lo cierto es que el gobierno de Bruno García afronta la etapa final de su mandato con una importante tonalidad de grises en materia de vivienda.

Sí se han adoptado medidas para activar algo el actual parque: control de las viviendas con fines turísticos, facilidad para reconvertir locales comerciales en pisos en determinados puntos de la ciudad, e incremento notable del IBI a los propietarios de casas vacías. A la vez, a través de Procasa se han puesto en marcha planes de mejora del parque municipal, que cuenta con más de dos millares de pisos.

Junto a ello, en estos dos años y medio de mandato se ha terminado el proyecto de Santiago, 11 y se han activado y casi culminado actuaciones pendientes de otros gobiernos, incluidos de la etapa de Teófila Martínez, pero necesita poner la primera piedra en bastantes más proyectos que se puedan cuantificar en decenas e incluso centenares de nuevas viviendas, y para ello apenas le queda año y medio de plazo si se quiere hacer durante este mandato.