Trabajadores de Defensa vuelven a manifestarse hoy en más de 30 centros de Cádiz

La Federación de Atención a la Ciudadanía de USO, junto a la Aplage (Asociación de Personal Laboral de la Administración General del Estado), ha vuelto a convocar movilizaciones en más de 70 centros del Ministerio de Defensa de todo el país hoy miércoles 17 de diciembre en reivindicación de condiciones laborales dignas y de trato igualitario para todo el personal civil de este departamento.

Cómo novedad, en Cádiz se unen en esta ocasión la Residencia de Cortadura y el Alojamiento de Tropa de la Estación Naval de Puntales , además del Juzgado Togado Militar 22 en San Fernando. Los trabajadores están llamados a secundar concentraciones a partir de las 11:00 horas ante más de treinta centros en la provincia de Cádiz, entre los que figuran cinco en la capital gaditana: Los dos antes mencionados, el Instituto Hidrográfico de la Marina, la Estación Naval de Puntales y el Centro de Ensayos Torregorda, dependiente del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).

A estos suman los existentes en San Fernando, la Base Aeronaval de Rota e instalaciones en Jerez, La Barca (Jerez), Algeciras, San Roque, Chiclana y Jédula (Arcos de la Frontera). En la provincia de Cádiz el colectivo lo componen casi 600 Funcionarios y más de 700 trabajadores pertenecientes al personal laboral en Defensa.

USO y Aplage llaman a participar en estas movilizaciones para exigir "un acuerdo retributivo justo para todo el personal civil de Defensa, sin exclusiones ni agravios". El sindicato y la asociación denuncian que "la paga extraordinaria unilateral con las condiciones de cobro pactadas entre el Ministerio de Defensa y los sindicatos firmantes, no es consolidable y, por lo tanto, genera una nueva discriminación añadida, dejando fuera, entre otros colectivos, a quienes han estado de baja médica".

Estas acciones dan continuidad a "las movilizaciones ya realizadas en más de 70 centros durante 8 meses de lucha en la calle, en defensa de la igualdad de trato, de la consolidación de los 300 euros y de una negociación real que incluya a todos los interlocutores sindicales".

"El personal civil volverá a alzar su voz contra la discriminación salarial y contra acuerdos parciales de despacho que dejan atrás a parte de la plantilla, señalando claramente que la única solución aceptable pasa por una mejora permanente, consolidable y extensiva a todo el personal, con independencia de su situación administrativa o de salud o de informes", recuerdan desde el sindicato y la asociación .

USO y Aplage critican que "se excluya o limite el derecho a cobrarla a quienes han estado de baja por enfermedad como en los casos de embarazo, maternidad o tratamiento de cáncer, penalizando la salud y profundizando la discriminación entre trabajadoras y trabajadores que realizan las mismas funciones en los tres colectivos que componen el personal civil, (laborales, funcionarios y estatutarios)."

"La situación de discriminación se agrava aún más a partir del 1 de enero de 2026, cuando deja de preverse cualquier abono económico para el personal civil, mientras los medios de comunicación anuncian nuevas subidas salariales para el personal militar, plenamente merecidas, pero financiadas con partidas exclusivas del propio Ministerio de Defensa. De este modo, se perpetúa la brecha retributiva dentro del Departamento y, en el caso del personal estatutario, ni siquiera se ha hecho público hasta la fecha el reconocimiento de cuantía alguna", concluyen desde el sindicato y la asociación.

Una paga no consolidable en un solo abono

USO viene denunciando que la denominada gratificación MUA (Mejoramiento Unilateral de la Administración) y la productividad por objetivos, ambas con carácter extraordinario para personal laboral y funcionario solo para el año 2025, presentadas por la Administración y avaladas por los sindicatos mayoritarios "no suponen una mejora real y estructural".

Se trata de una paga no consolidable de unos 200 euros mensuales que se hará efectiva en un solo pago de 2.400 euros en los últimos dos meses de 2025 que, según el sindicato:

"Fue impuesta por la Administración sin negociación efectiva, carece de carácter permanente y, por tanto, su continuidad depende de la voluntad política del próximo ejercicio, excluye al personal estatutario, generando una discriminación inaceptable entre trabajadoras y trabajadores que prestan los mismos servicios públicos".

"Restringe el acceso a personal laboral y funcionario en determinados supuestos que afectan a la salud de los trabajadores, como pueden ser aplicar criterios restrictivos relativos a la falta de asistencia por enfermedad sin baja".

"Incluye una cantidad económica sobre el total que ya estaba presupuestada y se abonaron en años anteriores, donde intentan visualizar cierta cuantía como si fuera algo nuevo cuando en realidad no lo es".

"Agrava la discriminación cuándo el cómputo de atrasos se realiza sobre 12 pagas, cuando en realidad debe hacerse sobre 14".