"Hay sólidas y poderosas razones para condenar", dice el fiscal

El fiscal dijo ayer, en la última sesión del juicio, que hay "sólidas y poderosas razones" para dictar una sentencia que condene a los dos inspectores de policía acusados en el caso Udyco. Uno de los procesados es V., que era jefe de un grupo de la Udyco de Cádiz cuando, según el confidente que lo denunció, se dedicaba a amañar detenciones. El otro policía, A., estaba entonces en ese grupo a la órdenes de V.; el fiscal lo acusa de falsear un atestado sobre una de las operaciones antidroga cuestionadas: la que tuvo como objetivo un bar en el que el confidente dice que previamente colocó hachís en el lavabo para provocar el cierre del establecimiento. El juicio comenzó el pasado 7 de febrero en la Audiencia. Problemas técnicos con las grabaciones realizadas por el confidente han ido espaciando las sesiones y demorando el final de la vista oral.

Además del fiscal, en el caso hay dos acusaciones. La particular, ejercida por el confidente que presentó la denuncia que puso en marcha el caso, y la popular, que ejerce el Sindicato Unificado de Policía (SUP). El fiscal ha solicitado, definitivamente, cuatro años y medio de prisión para cada uno de los dos inspectores por falsedad en documento público. Para V. también pide 15 meses de inhabilitación por un delito de omisión del deber de perseguir delitos. Sostiene el fiscal que V. permitía al confidente (identificado como TP1) vender droga impunemente a cambio de ayuda para detener a otras personas; por ejemplo, colocando hachís en el cuarto de baño de un bar o vendiéndole hachís a una persona que inmediatamente después era detenida.

El confidente fue detenido pocos días después de que diese por terminada su colaboración con V., recordó ayer el fiscal en su alegato, que fue breve y con un especie de preámbulo explicativo. Vino a decir el fiscal que hay comportamientos, incluso los de algunos funcionarios, que merecen un reproche penal.

V. ha negado en el juicio haber amañado detenciones, ha tenido el respaldo de sus jefes y en ningún momento la imputación ni el procesamiento en este caso han supuesto para él una suspensión de empleo ni ser apartado de su actividad como policía. Eso pone al fiscal en una situación muy complicada o incómoda: la Policía y la Fiscalía caminan juntos en las investigaciones; y las acusaciones con las que los fiscales acuden a los juicios en casos de tráfico de drogas se apoyan en los atestados policiales y en las declaraciones de los agentes.

TP1 grabó varias conversaciones con V. mientras era su confidente. Es la principal prueba con que han contado el fiscal y las acusaciones en este caso. La defensa de V. afirmó ayer que esas grabaciones aportadas al procedimiento fueron manipuladas. Y que el confidente "miente como un bellaco". Pero el fiscal dijo lo contrario: que no ha sido puesto de manifiesto que las conversaciones grabadas de manera clandestina por TP1 hayan sido manipuladas.

Las grabaciones las consideran válidas también la acusación particular y la popular. Se aprecia en ellas, sostienen, que V. amañaba detenciones con ayuda de TP1, tal como éste denunció en su día y ha ratificado en el juicio.

V. dio una explicación a esas conversaciones. Dijo que han sido malinterpretadas: que en realidad se trata de una técnica policial; que él le mentía al confidente para sacarle todo lo que pudiese. Esto es, que cuando le dice que sabe que vende droga y que no lo detiene, está engañándolo, haciéndole creer que le permite traficar. Un jefe de la Policía que acudió al juicio como testigo avaló esa técnica de V.; dijo que consistía en lo siguiente: "Prometer hasta comer, y una vez comido, olvidar lo prometido". Otro jefe, también testigo, aportó más argumentos en defensa de esa técnica. "Yo he tratado mucho con confidentes. Es un negocio. Pero él te engaña y tú le prometes la catedral de Burgos", dijo.

La acusación particular pidió precisamente ayer al tribunal que deduzca testimonio de lo declarado en el juicio como testigo (con obligación de decir la verdad) por el excomisario provincial José María Deira. Por si ha mentido.

Deira dijo que nadie se quejó de que V. estuviese haciendo algo irregular. Pero un exjefe del grupo I de la Udyco de Cádiz declaró, también en el juicio y como testigo, que alertó a sus superiores acerca de conductas irregulares en su trabajo y de conversaciones inusuales que observaba en V.; ese policía agregó que recibió una respuesta: él fue apartado de la jefatura de la Udyco.

"Los policías tienen que tratar con la escoria y están expuestos"

La acusación particular solicita 21 años y seis meses de prisión para V. por una larga lista de delitos: tráfico de drogas, falsedad en documento oficial, denuncia falsa, omisión del deber de perseguir delitos, coacciones a un testigo y detención ilegal. La denuncia de TP1 ha sido corroborada por testimonios de testigos, dijo la abogada que representa al confidente. El afán de protagonismo, agregó, llevó a V. a cometer delitos: a provocar detenciones.

Pero eso es la punta del iceberg, afirmó: "Lo que hacía V. tenía que ser conocido por sus superiores. Lo promocionaron cuando estaba imputado. Cabe pensar que si es condenado puede ser nombrado ministro del Interior".

La acusación popular solicita ocho años y medio de prisión para V. por varios delitos. El abogado que representa al SUP dijo que ese sindicato cumple con un deber al acusar en este caso: defender la legalidad. Afirmó que ha quedado probado que V. amañó cinco operaciones antidroga. Y añadió: "Eso es inadmisible. Si dejamos de castigarlo estamos haciendo un flaco favor a los ciudadanos". El abogado de V. sostuvo que todo se debe a una venganza, que el confidente miente. Los policías tienen que tratar con la escoria, meterse en la escoria, y están expuestos a denuncias de delincuentes que no tienen nada que perder, dijo. V., agregó, "no es un santo pero no es un delincuente".