La presidenta del Consejo de Administración de Onda Cádiz RTV, Montemayor Mures, propondrá esta tarde la integración de los trabajadores de Olvido Producciones, acatando en su integridad la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Cádiz que ha estimado cesión ilícita en el servicio que presta esta empresa a la sociedad municipal, informa el Equipo de Gobierno local a través de un comunicado.

Mures presentará la propuesta de no recurrir la sentencia, un fallo judicial que facilita la ejecución de la propuesta de internalización laboral presentada en 2021 y que no se pudo culminar ante la imposibilidad de resolver los escollos administrativos planteados al consejo de administración.

La sentencia, que en primera instancia se recibió en la tarde del viernes, confirma prácticamente las conclusiones de la Inspección de Trabajo realizada en 2021 y determina que el modelo de producción mixta que se aplica en la radiotelevisión desde su creación en 2006 constituye realmente una cesión ilegal de trabajadores. Desde 2006, la sociedad municipal ha externalizado la contratación de trabajadores con seis productoras diferentes.

La sentencia obliga al consejo de administración a adoptar una decisión urgente. Mures considera que "no tiene sentido alguno dilatar el proceso de integración de los trabajadores de Olvido Producciones" y que el consejo de administración tiene ahora la responsabilidad de garantizar el futuro de Onda Cádiz RTV, respetando los derechos laborales. Por ello, confía en que los consejeros de los partidos de la oposición respalden esta propuesta en la sesión de esta tarde.

Finalmente, la presidenta de Onda Cádiz RTV expone que "la sentencia ofrece la posibilidad de zanjar un modelo que no compartía el actual Equipo de Gobierno".

Olvido Producciones SL es la cesionaria del servicio de la radiotelevisión municipal desde 2015, primer año de Gobierno del equipo de José María González, Kichi, y lo ha seguido siendo hasta esta sentencia. Entre 2006 y 2015 se sucedieron hasta cinco productoras, según consta en el dictamen del Juzgado de los Social Número uno de Cádiz, fechada el uno de julio pasado.