Rescindir el contrato de limpieza de Cádiz no está sobre la mesa del Ayuntamiento

De sancionar a la empresa adjudicataria del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras de Cádiz a rescindir el contrato va un paso que desde el Ayuntamiento se ve a día de hoy como un abismo. La posibilidad planteada en el expediente sancionador abierto contra la empresa, Valoriza, es algo que en la actualidad no está sobre la mesa del Ayuntamiento.

Así lo han asegurado fuentes del equipo de gobierno, que han trasladado la posición política que existe en la actualidad en torno al servicio de limpieza que se está prestando en la ciudad. En reiteradas ocasiones ha afirmado el propio alcalde, Bruno García, su descontento con el estado de revista de la ciudad, al tiempo que el PP ha sido siempre muy crítico con el pliego que sacó a concurso el Ayuntamiento y con el proceso de licitación y posterior adjudicación. Pero con esas premisas u opiniones, el objetivo municipal sigue siendo trabajar con la actual adjudicataria en la búsqueda de vías de solución para mejorar la limpieza.

En eso está centrado actualmente el equipo de gobierno, precisan las fuentes municipales, que recuerdan que la posibilidad de resolver el contrato "es una consecuencia legal de un camino que aún no se ha recorrido". Esa posibilidad es fruto del trabajo de los técnicos, que la han plasmado en el expediente sancionador que se está tramitando contra Valoriza al ser un escenario que permite jurídicamente el contrato suscrito y la propia legislación en virtud de esos incumplimientos.

Y es que conviene recordar que a la empresa le imputa el Ayuntamiento media docena de faltas o incumplimientos del contrato, cuatro de ellas con carácter muy grave, mientras que otra sería una falta grave y la última leve. A ello se suman la rebaja de las jornadas efectivas de trabajo realizadas en los dos primeros años de contrato (hasta 3.730 jornadas menos que las acordadas, por lo que el Ayuntamiento quiere restarle la cantidad correspondiente a 160 euros por cada jornada más el IVA correspondiente).

Es en el caso de las faltas muy graves cuando el informe técnico establece una sanción de hasta 80.000 euros contra la empresa o la posibilidad de resolver el contrato. Pero las fuentes del equipo de gobierno consultada quieren precisar que esa opción "no es una potestad política de un concejal o del alcalde, sino un precepto legal que se contempla en cualquier expediente sancionador". Y es que este tipo de expedientes sancionadores que se abren contra empresas que prestan servicios a una administración pública "siempre conllevan que el incumplimiento reiterado o la no subsanación de esos incumplimientos puede acabar legalmente en la rescisión", precisan.

Por tanto, aunque jurídicamente y técnicamente sí se abre la puerta a una posible resolución del contrato de limpieza, en el Ayuntamiento aseguran que esa cuestión no está a día de hoy sobre la mesa. Sobre todo, porque el expediente sancionador está aún en fase de trámite, a la espera de conocer y analizar las posibles alegaciones que presente Valoriza.