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Cádiz

Ninguna oferta para rehabilitar el Club Marte y construir Santiago 11

El edificio de dos alturas que será demolido en el Baluarte del Orejón.

El edificio de dos alturas que será demolido en el Baluarte del Orejón. / Julio González

El Ayuntamiento tiene un nuevo problema que solucionar. Lo que hasta hace unos días eran un par de casos puntuales parece convertirse en preocupante tónica general, que están llevando a los concursos públicos de obras a quedar desiertos al no encontrar una sola empresa de la construcción interesada en presentar ofertas. Los dos últimos casos conocidos son los de la rehabilitación del Baluarte del Orejón (el antiguo Club Marte), en la Caleta, y la construcción de las 16 viviendas de Procasa en el número 11 de la calle Santiago. Ambos procesos cuyo período de presentación de ofertas se ha cumplido sin recibir ninguna propuesta, por lo que en estos últimos días han sido declarado desiertos.

El proyecto de la calle Santiago implica la solución final a un eterno y complicado proceso que se inició hace más de una década y que llevó al Ayuntamiento a expropiar el solar y a resolver el expediente en fechas recientes para construir 16 nuevas viviendas que se destinarán al alquiler social, además de un local comercial en la planta baja. En concreto, se van a construir 7 viviendas de tres dormitorios y 9 de dos, reservando dos de esas viviendas para personas con movilidad reducida y otras tres para mayores de 65 años.

En el Baluarte del Orejón, por su parte, se va a ejecutar una segunda fase de la rehabilitación que ya hiciera en 2016; en concreto, se va a derribar la segunda planta del edificio moderno, restaurar la planta baja y rehabilitar el patio exterior y otros elementos constructivos. Todo ello destinado a un equipamiento musical que verá ampliado el espacio expositivo permitiendo también habilitar una zona para actividades al aire libre.

Para esos dos proyectos tenía el Ayuntamiento un presupuesto propio que ronda el millón de euros, participando además las administraciones andaluza y estatal. Así, para la construcción de las viviendas de Santiago iba a aportar el Consistorio 1.264.000 euros, completando el proyecto 361.000 euros del Estado y 240.000 euros de la Junta. El Baluarte, por su parte, era uno de los proyectos incluidos en el 1,5% cultural del Ministerio de Fomento, que va a aportar 311.460,41 euros de un total presupuestado en 415.280,55 euros.

Este escenario coincide con el que daba a conocer este periódico hace unos días respecto al proyecto Edusi de la conversión de los antiguos depósitos de tabaco, o de la reurbanización de parte de la Barriada financiada con el programa Arri de la Junta de Andalucía. En todos los casos, el final del expediente de contratación es idéntico: falta de empresas interesadas en presentar oferta. Un problema que se vincula al espectacular incremento que en cuestión de meses está experimentando el campo de la construcción, motivado por el notable aumento de precio de los costes y por la falta de distintos materiales, lo que hace que los precios fijados en estos concursos públicos hayan quedado del todo descontextualizados y sean insuficientes para el interés de las empresas.

De hecho, no es un problema exclusivo del Ayuntamiento de Cádiz, sino que se extiende por todas las administraciones públicas y entidades privadas sometidas a este tipo de licitaciones públicas o que tramitan proyectos de obras. Sin ir más lejos, el Obispado de Cádiz se ha quedado también sin empresas para rehabilitar la parroquia de Santa Cruz, otro de los proyectos financiados mediante el 1,5% cultural de Fomento.

El problema ante este escenario radica en la solución, que inevitablemente pasa por incrementar los precios de la licitación para que los proyectos interesen a las empresas de la construcción. Una opción que a priori obliga al Ayuntamiento a invertir partidas mayores para adecuar la ejecución de esas obras a los precios actuales. Por eso, los consistorios andaluces ya han solicitado a la Junta y también al Gobierno central que busquen soluciones para que este incremento de los precios no recaiga exclusivamente en la administración local.

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