Puerto América denuncia a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía por "marginar a nuestros usuarios" al no aplicarles el pago del tipo reducido del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) como ocurre con los puertos deportivos de carácter privado con los que comparte las costas de la provincia de Cádiz. A día de hoy se mide con un doble rasero impositivo a los navegantes que atracan en puertos deportivos como el de Puerto Sherry o el de Sotogrande o Estepona y a aquellos que hacen lo mismo en los de Puerto América, Sancti Petri, Rota, Conil, Barbate, Gallineras o en el de Mar de Levante de La Línea.

Así lo denuncia el vicepresidente de Puerto América, tras la celebración de un encuentro entre los responsables de los puertos citados pertenecientes a la nómina de la EPPA. "Lo consideramos un agravio comparativo que, en tiempos de crisis como los que corren en la actualidad, se acentúa muchísimo más", así lo considera y denuncia Pedro Álvarez, vicepresidente de Puerto América.

La realidad es que cualquier usuario que tenga contratado un atraque en Sotogrande, por ejemplo, ingresa un IVA de un 8%, mientras que otro de Puerto América paga un 18% exactamente por lo mismo, un amarre para su embarcación.

En este tratamiento impositivo "indiscriminado" se basan los responsables de los puertos de la provincia dependientes de la EPPA a la hora de hace público su malestar y "nuestras intenciones". "Estamos dispuestos a llegar hasta donde haya que llegar", comenta Álvarez. De hecho, desde hace unos meses están invitando a todos sus usuarios , "que son los que al fin y al cabo están pagando el pato", a reclamar no sólo ante la EPPA sino también ante Hacienda.

Los responsables de estos muelles deportivos afirman que la solución pasa no sólo "porque nos cambien el tipo impositivo, igualándolo al resto de puertos de Andalucía, sino que exigimos que se nos devuelvan todas las cantidades que hemos ingresado en la Hacienda pública desde hace cuatro años".

Al parecer, según esgrimen los denunciantes, se trata de una cuestión conceptual la que deriva en esta "intolerable situación discriminatoria". La actual Ley 37/1992 indica que el IVA que se aplica a estos puertos es del 18% pero minimiza este gravamen a aquellas entidades en las que se pruebe que se practica "deporte o educación física". He aquí el dilema. La Ley permite a los puertos deportivos privados la reducción del IVA "sin rechistar, mientras que nuestro mediador (la EPPA) no nos permite aplicar este rasero y nos impide acceder a esta reducción del impuesto que tan bien les vendría a todos nuestros clientes y a nuestras entidades, ayudando así no sólo a nuestra difícil supervivencia sino también a la promoción del deporte náutico en la provincia".

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