Infraestructuras universitarias

El futuro del proyecto de Valcárcel depende de una reunión en Sevilla

  • El consejero de Economía, Rogelio Velasco, recibe en su sede de la Junta al rector de la UCA y al alcalde después de que hace dos semanas dijera que no iba a apoyarlo ni financiarlo

El alcalde y Rogelio Velasco se encuentran en el acto que tuvo lugar hace dos semanas con motivo del 40 aniversario de la UCA, con el rector a la izquierda. El alcalde y Rogelio Velasco se encuentran en el acto que tuvo lugar hace dos semanas con motivo del 40 aniversario de la UCA, con el rector a la izquierda.

El alcalde y Rogelio Velasco se encuentran en el acto que tuvo lugar hace dos semanas con motivo del 40 aniversario de la UCA, con el rector a la izquierda. / Julio González

Un cumpleaños que se suponía feliz, el del 40 aniversario de la Universidad de Cádiz (UCA), se tornó en una pesadilla cuando el consejero de Universidades, Rogelio Velasco, intervino en el acto y dijo que el proyecto para Valcárcel no era una prioridad para el Gobierno andaluz. De este modo decía que no lo iba a apoyar y mucho menos financiar el traslado de la Facultad de Ciencias de la Educación a Cádiz, pese al mal estado de su sede en Puerto Real y pese a la insistente demanda del rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, y del frente abierto por el alcalde de la capital gaditana, José María González, del que también forma parte la Diputación. En ese momento Velasco advirtió que los fondos europeos son para investigación y no para la rehabilitación de edificios.

Tras el encontronazo de aquella jornada, las tres partes, en este caso consejero, rector y alcalde, podrán verse hoy las caras a las doce del mediodía en la sede de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad en la sevillana Isla de la Cartuja. Allí, el representante del Ejecutivo andaluz se ratificará en lo que dijo en el 40 aniversario de la UCA, o matizará sus palabras y , tal y como esperan la expedición gaditana, arroje esperanza a este proyecto.

Tal y como ha señalado el alcalde esta semana, la intención de José María González es la de trasladar al consejero “el consenso existente” en torno a este proyecto en la capital gaditana. En este sentido advierte de que se trata de “un proyecto de ciudad que cuenta con el consenso de la sociedad gaditana” que ha sido expresada en los plenos del Ayuntamiento de Cádiz y de la Diputación Provincial. Además de todo ello, viene respaldado “por el trabajo coordinado, leal y decidido” del Consistorio gaditano, la UCA, la Diputación, la empresa Zaragoza Urbana y la propia Junta de Andalucía. Por todo ello va a pedir al consejero que se cumpla con ese compromiso que ya se había preacordado con la Administración andaluza bajo el anterior gobierno.

Una de las frases que lanzó el consejero en su intervención en el Palacio de Congresos fue que su Consejería no estaba para dinamizar los barrios. El alcalde, tal y como ha anunciado esta semana, explicará que este proyecto no sólo beneficiará a la comunidad universitaria de ese centro, “sino también contribuirá a dinamizar la economía de unos barrios desfavorecidos y olvidados históricamente, como La Viña, el Balón y el Mentidero”. A todo ello se le suma que se pondrá punto y final a una etapa de abandono del edificio, que está catalogado como Bien de Interés Cultural.

El alcalde remitió el pasado 25 de octubre una carta a la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, para solicitarle una reunión urgente para abordar este proyecto y le respondió que daría traslado del mismo a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, “pero en ningún momento ha accedido a mantener un encuentro para abordar el compromiso del Gobierno andaluz”.

Cabe recordar que la intervención del consejero causó un gran malestar en el alcalde, que llegó incluso a levantarse y marcharse del acto, aunque después volvió al mismo.

En este proyecto ya se ha avanzado en numerosos trámites y uno de ellos fue hacer un proyecto básico que ya fue presentado y para el que hubo que abonar 700.000 euros que fueron abonadas por la propia Junta de Andalucía.

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