Nadie quiere cuidar los 270 gatos del puerto de Cádiz

La gestión de los servicios a la que obliga la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, se está convirtiendo en un problema para algunas instituciones. Algunas, como ciertos ayuntamientos, porque sencillamente no están cumpliendo con la legislación vigente, ya sea por negligencia, excesiva tardanza o por falta de protocolos eficientes. Otras, porque las empresas adjudicatarias difícilmente pueden cumplir con prontitud con ciertas tareas como la recogida de animales abandonados, ya sean vivos o muertos. Y unas terceras, porque no hay firmas interesadas en asumir esa gestión. Este es el último caso de la Autoridad Portuaria de Cádiz (APBC), respecto a la atención de los gatos de las colonias felinas que viven bajo su jurisdicción.

Conforme a lo que establece la ley, aunque la responsabilidad se atribuye en ellas a los ayuntamientos, la institución que preside Teófila Martínez sacó a primeros de 2025 la licitación para la adjudicación de la gestión de las colonias felinas que habitan desde hace años en el dominio público del recinto portuario gaditano. Tal y como ya adelantó este periódico, hasta diciembre de 2024 la APBC llegó a localizar siete colonias felinas en las diferentes instalaciones portuarias, estimando en 270 gatos los gatos comunitarios que viven en ellas. El 75% de ellos están ya esterilizados debido al trabajo de asociaciones de defensa de los derechos de los animales y de voluntarios.

La licitación de este servicio salía a concurso con un valor estimado del contrato de 96.784 euros y un plazo de ejecución de dos años, con la posibilidad de otros dos de prórroga. Las empresas especializadas interesadas en hacerse con él podía presentar sus ofertas hasta el 9 de enero. El presupuesto base de la licitación era de 58.554,32 euros. No concurrió ninguna, de manera que el concurso se declaraba definitivamente desierto el pasado 15 de abril.

El objetivo de esta actuación es la captura de los gatos para su esterilización y posterior retorno a su lugar de origen, en aplicación del método CER (captura, esterilización y retorno), tal y como se establece expresamente en la ley. Captura que debe realizarse con jaulas trampa utilizadas según un estricto protocolo que debe garantizar el bienestar del animal. Posteriormente, cada ejemplar de deber ser debidamente identificado y devuelto a su colonia de origen después de la evaluación de su estado sanitario, de haber sido desparasitados y vacunados contra la rabia, de haberlos sometido a una cuidadosa limpieza de ojos y oídos y de atender clínicamente a los que padezcan alguna patología.

Además, según constaba en el pliego, la Autoridad Portuaria se compromete a poner en marcha actuaciones de apoyo y promoción de la adopción de los cachorros y adultos socializados y sólo se contempla la eutanasia en el caso de que el animal presente síntomas de una enfermedad grave y/o contagiosa que no asegure su supervivencia.

Al otro lado de la valla que separa el recinto portuario del casco urbano, todavía está por resolver por parte del Ayuntamiento de Cádiz qué hará con la colonia de en torno a 80 gatos que habitan en el viejo Cementerio de San José, de cara al inicio de las obras que convertirán el camposanto en un parque. Dos colectivos de defensa de los derechos de los animales han llegado a pedir la anulación de la adjudicación de los trabajos previos en tanto no se solvente el futuro de estos animales.