La investigación judicial a Kichi por prevaricación sigue adelante

El último de los procesos que se mantienen abiertos contra el ex alcalde de Cádiz, José María González Kichi, va a seguir adelante. Según informa Europa Press, el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz ha decidido seguir las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado, para intentar clarificar el hecho denunciado, que es el papel que desempeñó en el Ayuntamiento un asesor que el gobierno local trajo en el año 2018 "sin sujeción a la legalidad y con la finalidad de conferirle facultades no previstas en el ordenamiento jurídico, orillando las legítimas funciones de los funcionarios municipales".

Tal y como ya contó en su día este periódico, el caso que se sigue investigando es el de la labor que realizó un asesor externo de Podemos que habría actuado en el Ayuntamiento como si formara parte del funcionariado o del personal de libre designación que tiene a su cargo el equipo de gobierno. Es decir, que habría estado analizando y manipulando documentos municipales, pese a no formar parte de la plantilla ni tampoco ser nombrado asesor del alcalde, de su gobierno ni de ningún ente dependiente del Ayuntamiento.

No está el ex alcalde solo en esta causa, por la que ya declaró en junio de 2024. Junto a la suya, siguen también adelante las actuaciones contra los que fueraon concejales de Personal (David Navarro) y Turismo (Laura Jiménez), además de los entonces asesores José Vicente Barcia (exjefe de Gabinete de Alcaldía) y José Ramón Páez (que luego sería concejal de Hacienda) y del asesor objeto de esta causa judicial (Fernando García Acuña).

Resuelve el auto judicial al que ha accedido Europa Press que la atribución de funciones de García Acuña "fue realizada sin sujeción a la legalidad y con la finalidad de conferir facultades no previstas en el ordenamiento jurídico, orillando las legítimas funciones de los funcionarios municipales". Y se muestra además contundente al afirmar que a este asesor "se le facilitó la ocupación de un despacho en dependencias municipales que era compartido con personal eventual y de plantilla del Ayuntamiento".

"Con base en la ficción creada y actuando bajo la cobertura que le daban los investigados, tenía acceso a los expedientes de contratación del Ayuntamiento de Cádiz y daba indicaciones, que eran de obligado cumplimiento, a los funcionarios de carrera del citado Ayuntamiento, los que tenían que acatar las órdenes del mismo en los expedientes de contratación en los que intervenía, ante el respaldo público del que gozaba por parte de los investigados", establece el auto judicial, que cita también correos electrónicos en los que García Acuña interactúa con terceros (ya sean concejales, asesores del gobierno municipal o funcionarios y miembros de instituciones municipales), dando indicaciones sobre los pliegos. Llama la atención la concreción sobre el mensaje trasladado por este asesor del partido que no tenía vínculo legal con el Ayuntamiento en un correo electrónico remitido a una funcionaria municipal sobre el pliego de recogida de residuos, en el que le dice: "me tomo la licencia de mandarte un correo para recordártelo otra vez", indicándole a continuación varios criterios de valoración que deberían incluirse en el ya de por sí polémico proceso de contratación del servicio de limpieza de la ciudad.

Por todo ello, "en coherencia con el informe del Ministerio Fiscal de 3 de junio del 2025", concluye el Juzgado de Instrucción que comparte la existencia de indicios, que se concretan en los informes policiales de examen de correos electrónicos y resto de testificales practicadas, para atribuir al exalcalde, su jefe de Gabinete, dos concejales y el asesor, de un posible delito de prevaricación administrativa. "Los investigados habrían impuesto, al margen de la ley, mediante órdenes verbales y en base a una decisión política, que Fernando García Acuña desempeñara funciones legales mediante la participación en los procesos de contratación con capacidad decisoria, para lo que no tenía cobertura legal, condicionando la actuación de los funcionarios legalmente habilitados y permitiendo que Acuña accediera a procedimientos administrativos sin cobertura alguna, bajo la apariencia de que lo hacía como personal eventual", concluye el Juzgado, que decide así "seguir las actuaciones" contra Kichi y el resto de investigados por delitos de prevaricación administrativa y revelación de secretos.

Los técnicos quedan exculpados

Este mismo auto judicial sirve para concluir que los técnicos que también habían sido investigados y que tuvieron que ir a declarar quedan liberados de esta causa, al entender el juzgado que no existen indicios de delito. Se trata, en concreto, de los responsables en aquel entonces de Personal y de Contratación, además del secretario municipal. Las actuaciones contra ellos "se sobreseen y archivan", resuelve el Juzgado de Instrucción.