Kichi: "El asesor no dio ninguna orden y, si la hubiese dado, no me cabe ninguna duda de que los funcionarios se hubieran quejado"
El exalcalde de Cádiz José María González declara como investigado en un caso de prevaricación por la función en el Ayuntamiento de uno de sus asesores, denunciado por Comisiones Obreras y con el PP también en la acusación
También recuerda que "no existe" ninguna protesta "ni oral, ni por escrito" del personal del Consistorio sobre el trato o la relación que Fernando Acuña, el asesor investigado, mantenía con los funcionarios
Kichi, exalcalde de Cádiz, llega a los juzgados para declarar por un presunto delito de prevaricación
Cádiz/CCon la misma tranquilidad con la que al filo de las diez y cuarto de la mañana de este lunes 24 de junio atravesaba la puerta del Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, José María González 'Kichi' salía unas tres horas después para informar a los medios de su declaración como investigado en un caso de prevaricación basado en el papel que jugó en el Ayuntamiento gaditano uno de los asesores de su partido en tiempos de su alcaldía en la ciudad. "Nosotros somos los primeros interesados en que se aclare el tema, no tenemos nada que esconder y estamos absolutamente tranquilos", ha explicado el exprimer edil que ha defendido tanto su gestión como la función de Fernando Acuña, el protagonista de esta causa. "No dio ninguna orden y, si la hubiese dado, no me cabe ninguna duda de que los funcionarios se hubieran quejado", ha resuelto.
De hecho, ha recordado González, en el Consistorio "no hay ninguna queja oral ni por escrito de ningún funcionario por injerencia de personal externo". "Un funcionario sabe quién puede darle órdenes y quién no, sabe perfectamente donde está en la escala de jerarquía funcionarial y, ya os digo, que no existe ninguna queja de que hubiese algún tipo de irregularidad o de que Fernando Acuña estuviese dando órdenes a funcionarios de la casa", ha argumentado el exalcalde que ha acudido al centro de justicia de Los Balbo junto a dos de los exconcejales llamados también a declarar en la fase de instrucción de este proceso, José Ramón Páez y David Navarro, y a otros miembros del que fue su equipo como las concejalas Lorena Garrón, Ana Fernández y el actual portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, que han esperado pacientemente la salida de sus compañeros del Juzgado.
Por su parte, Fernando Acuña, el hombre en la diana, y la exconcejala Laura Jiménez han llegado en diferentes momentos de la mañana, mientras que José Vicente Barcia, el que fue asesor de Gabinete, no ha acudido "por un problema de salud" pero "vendrá a declarar físicamente en otro momento, cuando lo estime ya el juez", ha detallado José María González.
Kichi también ha explicado que en el interior del Juzgado de Instrucción número 2 han sido "el juez, la fiscal y la defensa" quienes le han realizado las preguntas sobre su implicación por el asesoramiento al equipo de Gobierno de este asesor externo en materia de la elaboración de pliegos en base a la nueva Ley de Contratos que entraba en vigor en 2018. "No puedo decir lo mismo de la acusación pues de las dos partes, el PP no ha hecho ninguna pregunta, al menos en mi declaración, y la otra parte (el sindicato Comisiones Obreras) pues ha hecho una pregunta, básicamente, simbólica", ha precisado González que, irónicamente, se sorpendía que en esta causa judicial "el Partido Popular también se presenta como acusación, como en las 17 anteriores que fueron archivadas" y que ha valorado que "más allá del delito en sí, parece que lo que les interesa es la foto entrando en los juzgados".
Sobre la primera pata de la acusación, la de Comisiones Obreras, también ha querido recordar el anterior regidor de San Juan de Dios que quien inicia esta denuncia "es una delegada sindicial de la Policía Local" en nombre de este sindicato y que lo hace en representación "de dos personas, dos cargos de confianza, del gobierno de Teófila Martínez, nombrados con absoluta legitimidad, que nosotros mantuvimos durante un tiempo y que también, con toda la legitimidad del mundo, destituimos", ha apostillado.
"El caso es que se nos ha citado y aquí estamos para responder con todo nuestro afán de esclarecer los sucesos y de colaborar con el desarrollo de la justicia. Todo lo que se hizo, se hizo por el bien de la ciudad y, evidentemente, en estricto cumplimiento de la legalidad y con el conocimiento de lo que se podía y no se podía hacer pero, bueno, parece ser que en esta ciudad, y según la estrategia que se ha mantenido, y 17 denuncias anteriores avalan lo que digo, para el PP el mero hecho de no gobernar es ilegal y todo lo que mane del ejercicio de su no gobierno pues también lo es. Nosotros, como digo, no tenemos nada que esconder y aquí hemos acudido con total tranquilidad a responder las preguntas que se han hecho", ha querido reflexionar Kichi.
Preguntas en estas diligencias previas -en las que el juez deberá decidir si la causa judicial sigue adelante, si se archiva o si hay que pedir algún tipo de prueba o declaración complementaria más- como "cuál era el papel del asesor externo, de qué se ocupaba, si tenía un teléfono móvil del Ayuntamiento o no, qué sitio ocupaba dentro del Ayuntamiento o cuál era la relación que mantenía con los funcionarios públicos", ha narrado sin ningún tipo de problema González que ha asegurado que a todas esas cuestiones "nosotros le hemos respondido con la verdad por delante, como no puede ser de otra manera" .
Así, en sus palabras, el exprimer edil ha relatado que Fernando Acuña empezó a trabajar para su formación política siendo él alcalde de Cádiz. "Con el dinero de la asignación de los partidos, contratamos en un experto en contratación pública, asesor de Podemos, que había participado en Madrid en las ponencias redactoras de la nueva Ley de Contratos del 2018. Este chaval es un gaditano en el exilio, experto en contratación pública, y queríamos que asesorase a los concejales y a algunos funcionarios en la elaboración de los contratos públicos que emanaban de la nueva ley de contrato", ha relatado González que en ese momento consideró que "políticamente la nueva ley nos ofrecía alternativas muy interesantes como introducir por ejemplo cláusulas de subrogación en los contratos públicos, o introducir cláusulas sociales y ambientales en los nuevos contratos que salían".
"Toda esa perspectiva política que nos permitía hacer la nueva ley de contratos, nosotros queríamos que estuviese en los contratos que salían bajo nuestro mandato; y Fernando Acuña era el hombre con el que nosotros discutíamos y nos asesoraba para la forma de introducir ese tipo de cláusulas en los nuevos pliegos. Pero no, efectivamente, no dio ninguna orden a ningún funcionario público y, vuelvo a insistir, si la hubiese dado, no me cabe pero ninguna duda de que se hubieran quejado, y no existen esas quejas", ha reiterado.
Por todo ello, José María González y los suyos confían "en que se archive esta causa como se han archivado las anteriores". " Yo no soy experto en Derecho pero los argumentos con los que hemos contestado a las preguntas de su señoría y de la señora fiscal, creo que han sido demoledoramente lógicos y aplastantemente razonables. Pero, claro, decidir no me corresponde a mí, no sé qué pasará, pero cabe esperar que se archive, como las anteriores, porque no vemos delito alguno en nuestro quehacer", ha reflexionado.
Además, ha deseado que "terminen de una vez" este tipo de "estrategias políticas de judicialización permanente", lamentado que "para algunos partidos políticos el ejercicio de la política en democracia sea acelerar estos procesos judiciales que no hacen más que, primero, mosquear a la ciudadanía y, en segundo lugar, sembrar una duda que yo creo que no es de recibo; y no para mí, que yo cuando di el salto a la política asumí la cara B, pero a una persona que es un técnico, que no tiene nada que con la política, que tenga que vivir lo desagradable de visitar un juzgado, pues me parece que no es de recibo".
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