El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, cuyo texto implica notables cambios en la relación de los ciudadanos con el espacio urbano a la vez que complementa y refuerza políticas de movilidad que ya se están poniendo en marcha en muchos municipios, como ocurre en Cádiz capital.

Entre las medidas que planea la nueva normativa, que ahora inicia el trámite de audiencia e información pública antes de publicarse en el BOE, destaca una actuación que sin duda provocará más de una polémica aunque la misma ya haya sido adoptada por grandes ciudades europeas, como Londres: la posibilidad de imponer una tasa para permitir la circulación en automóvil por determinadas zonas de los términos urbanos.

Así, la ley abre la puerta a que los ayuntamientos puedan establecer una tasa por la circulación de vehículos en las zonas de baja emisión. La creación de estas zonas es una imposición del Ministerio de Transición Ecológica por la que en las ciudades de más de 50.000 habitantes se habilitan espacios urbanos, amplios, con un control estricto en la circulación rodada y en el control de la contaminación ambiental y sonora.

En el caso de Cádiz el Ayuntamiento ya trabaja sobre dos zonas de baja emisión. Una ocupa la mayor parte del casco histórico y la obra el tramo del Paseo Marítimo entre el Hotel Playa y Cortadura. Por lo pronto ya se han obtenido fondos europeos, a través del Nex Generatión, que financiará la adquisión de un sofisticado sistema de control de acceso al vehículo privado, limitando su paso a los residentes, servicios de urgencia, taxis y determinadas empresas, por lo que previamente será necesario conseguir permisos específicos para entrar en estas zonas.

Aquí será donde, según la futura Ley de Movilidad Sostenible, se podrán imponer también estas tasas. La pretensión, también, es "generar un flujo de ingresos económicos que pueda sustentar actuaciones en la mejora del espacio público para la movilidad peatonal, en el desarrollo de infraestructuras ciclistas y para el transporte público".

Junto a Cádiz capital, la creación de zonas de baja emisión, y por ello con la posibilidad de imponer esta nueva tasa, afecta también a las ciudades más pobladas de la provincia: Jerez, Algeciras, San Fernando, El Puerto, Chiclana, Sanlúcar y La Línea.

En todo caso, no parece que por el momento la administración local vaya a imponer este peaje, pues tendría un coste social más alto que los beneficios que se podrían obtener. Además, se considera que medidas como las del control de acceso ya prevista, y que deberá de estar en funcionamiento antes de finales de 2023, pueda ser suficiente para relajar el uso del vehículo privado. Y más cuando en el casco histórico, en el caso de Cádiz, va en aumento la peatonalización de calles y plazas.

En el caso de que se proponga esta tasa es necesario su habilitación con rango de ley.

La nueva ley reconoce por primera vez "la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía y como un elemento de cohesión social, que contribuye a la consecución del Estado del Bienestar", especificando que la movilidad deberá ser "accesible e inclusiva y ofrecer soluciones para todas las personas".

Se destaca que el 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero lo produce el transporte "por lo que urge avanzar en la descarbonización del sector". Emisiones que afectan a la salud, especialmente en los entornos urbanos.

La norma que ahora ultima el Gobierno busca "dar una nueva visión a las ciudades que priorice la movilidad activa (caminar, ir en bici) por ser la opción más saludable y exenta de emisiones, y el transporte público colectivo para que sea una solición accesible y asequible para toda la ciudadanía, buscando dar alternativas atractivas al vehículo privado".

En el desarrollo de la movilidad sostenible, la nueva ley considera esencial la implicación de la formación. Así, se prevé que en el currículo de la enseñanza basica y del Bachillerato se incluya la educación vial y la relativas a la convivencia con los distintos modos de transporte y su uso en condiciones de seguridad, formación que también debe de trasladarse al ámbito universitario.

La Ley de Movilidad Sostenible crea una jerarquía de medios de movilidad en el ámbito urbano que deja muy claro sus pretensiones.

a) La movilidad activa, primando especialmente la movilidad a pie, la movilidad en bicicleta y la movilidad de las personas con discapacidad que transitan por las zonas peatonales en silla de ruedas con o sin motor, o aparatos similares autorizados, a velocidad del paso humano.

b) El transporte público colectivo.

c) Los esquemas de movilidad de alta ocupación que supongan un beneficio en términos de reducción de externalidades, ocupación del espacio público u otros.

d) Y en último lugar, el vehículo privado, primando en todo caso, las tecnologías que supongan menores emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, así como los vehículos que supongan menor ocupación del espacio público.

Se creará un Fondo Estatal para el Sostenimiento de la Movilidad y un Plan Nacional de impulso de uso de la bicicleta.