El Gobierno ignora la historia y sigue empeñado en eliminar el nombre de Carranza en el puente

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue dispuesto a modificar el nombre del puente José León de Carranza y poner en su lugar el de Rafael Alberti. Desde el grupo de Sumar, que forma parte de la coalición gubernamental, se afirma ahora que el proceso de sustitución sigue adelante, “pendiente ya de su publicación en el BOE”.

De esta forma, se insiste en ignorar el papel esencial que tuvo este alcalde en la construcción del primer paso elevado en la Bahía, que resultó fundamental para mejorar las comunicaciones de la zona y para el propio desarrollo económico y social de la misma.

A la vez, Sumar ignora las propias críticas planteadas por la viuda del poeta portuense, María Asunción Mateo, que ya declaró a este diario que no le parecía “honesta” esta operación, sobre la que no se le ha informado desde el mismo Gobierno. “¡Hay tantas cosas hermosas en Cádiz, con más connotaciones poéticas que un puente que ya tiene nombre, para llamarlas Rafael Alberti!”, dijo la viuda del poeta.

Justifica el Gobierno su acción censora mediante la Ley de Memoria Democrática, ignorando que la elección del nombre de Carranza no tuvo ningún competente político ni ideológico, sino que fue el homenaje de la ciudad a quien luchó durante años por la construcción de este puente sobre la Bahía.

Curiosamente, frente a este inusitado interés por eliminar esta referencia histórica, en el mismo comunicado que se hace referencia en primer lugar a la próxima inclusión en el BOE de este cambio de denominación, el grupo de Sumar pasa muy por encima por uno de los grandes problemas de comunicación que sí tiene la provincia de Cádiz: el mal funcionamiento del sistema ferroviario.

Así, como última referencia en esta nota, se afirma que “sigue pendiente una cuestión clave para la provincia como es el transporte por ferrocarril”, sin más e ignorando los problemas que se acumulan en la Bahía de Cádiz, con falta de nuevos trenes, malas conexiones con Madrid desde hace años, tarifas muy elevadas y sin perspectiva de la llegada de la Alta Velocidad a la capital, todo en manos del Gobierno Central, del que forma parte Sumar.