La gestión del punto limpio ubicado en la Zona Franca no se sostiene desde el punto de vista jurídico. Así de tajante se muestra la Intervención Municipal, que desde el año 2016 viene reclamando un proceso público de contratación para prestar el servicio de esta planta de reciclaje y que desde el año 2017 viene poniendo reparos a las facturas mensuales que emite la empresa Bioreciclaje de Cádiz S.A., actual prestataria de este servicio público.

Según el informe al que ha tenido acceso este periódico, el Ayuntamiento aprobó en 2006 la encomienda de gestión del punto limpio a la empresa Bioreciclaje Cádiz S.A., que entonces era una empresa mayoritariamente pública. En la actualidad, la realidad de esa empresa ha variado, siendo su principal capital de origen privado –proveniente de las firmas Valoriza, grupo al que pertenece una de las empresas que presta actualmente el servicio de limpieza y recogida de residuos de la ciudad, S.M. y GS Inima–. Y eso hace “imposible su mantenimiento desde un punto de vista jurídico”, ya que deja de ser un “medio propio del Ayuntamiento” y de cumplir “el resto de los requisitos legalmente exigibles” en la normativa actual. Entre esos otros requisitos, se especifica que la encomienda de gestión no puede alargarse durante más de una década (según la Ley de Contratos del Sector Público), como ha ocurrido en este caso.

“Las prestaciones objeto de tal encomienda son susceptibles de gestión indirecta a través de contrato administrativo de gestión de servicio público”, determina Intervención, desde finales de 2016. Por ese motivo, en varias ocasiones ha requerido que desde el área de Medio Ambiente se realicen los estudios, proyectos y propuestas necesarias “para la más eficiente y eficaz prestación del servicio, pero en cualquier caso con la exigencia que impone la legislación de declarar extinguida la encomienda de gestión existente en relación con Bioreciclaje de Cádiz S.A.”.

El pasado mes de marzo, Intervención trasladó a Medio Ambiente nuevo escrito en el que indicaba que pasado más de un año sin que se hubiera adoptado medida alguna respecto a la gestión del punto limpio ni iniciado ninguna licitación sobre este servicio, “debo proceder a reparar las facturas que Bioreciclaje de Cádiz S.A. emita mensualmente por los servicios en relación con el punto limpio y de transporte de los residuos no consorciados tratados en tal instalación”.

El calado de esta decisión de la Intervención Municipal eleva hasta los 150.927,93 euros las facturas reparadas en el período comprendido entre junio y noviembre de 2017 –que es el período adjuntado en el expediente al que ha tenido acceso este periódico–, lo que determina una media de más de 25.000 euros mensuales de facturación que no cuentan con aprobación de la Intervención Municipal. Cuenta que hasta la fecha actual elevaría la cuantía hasta los 452.783,79 euros.

Estos reparos de Intervención no han sido levantados por el alcalde mediante decreto, por lo que en principio esas facturas (desde junio de 2017) están pendientes de pago.