Hace una década un reportaje de Diario de Cádiz destacaba que de los 29 edificios residenciales que tienen la máxima protección por parte del PGOU, el denominado como nivel 0, media docena se encontraban cerrados y, en algún caso, con riesgo de ruina a pesar de su más que destacado valor histórico y cultural para la ciudad.

Pasado el tiempo, la gran mayoría se ha salvado de un final abrupto y lucen ya rehabilitados o en fase de concluir unas obras que les van a dar una segunda vida. 

La mayor parte de estos inmuebles, levantados todos en la época de mayor florecimiento económico y cultural de Cádiz gracias al comercio con las antiguas colonias americanas, entre los siglos XVII y XVIII, se han recuperado gracias a la inversión privada y, especialmente, gracias a operaciones relacionadas con proyectos hoteleros. El plan municipal contra la turistificación, aprobado recientemente por el Ayuntamiento, ya prevé que estos edificios, muchos con la consideración de palacetes, puedan tener un uso hotelero ante la dificultad para su transformación en viviendas residenciales.

El penúltimo caso ha sido la venta de la finca de plaza de Argüelles 3, que forma parte de uno de los edificios más espectaculares del casco histórico de Cádiz, la Casa de las Cuatro Torres, que ha sido adquirido, según fuentes del sector inmobiliario,  por la propietaria del hotel ubicado en el número 4 del mismo inmueble.

En fase de reapertura, tras una espectacular rehabilitación, está la Casa Palacio de Benito Cuesta, en el número 1 de la calle Sagasta. Era éste uno de los inmuebles que, si bien tenía un relativo buen nivel de mantenimiento, llevaba más años en venta, hasta el punto de que plantearon proyectos para viviendas y apartamentos, hasta que finalmente fue adquirido por la cadena Hotusa que está a punto de abrir un hotel de lujo de cuatro estrellas, con la denominación de Áurea Casa Palacio Sagasta y 38 habitaciones.

Patio principal de Manuel Rancés.

La misma empresa adquirió otra finca de grado 0 que estaba cerrada desde hace diez años y que, desde hace unos meses, luce de forma espectacular como apartamentos turísticos en la calle Manuel Rancés.

Y también Hotusa tiene pendiente reanudar las obras de conversión de la Casa del Almirante, uno de los palacios más potentes de la ciudad, en otro hotel. Aquí ya se emprendieron obras hace dos décadas pero se dejaron a medio terminar por problemas económicos de la anterior propiedad.

La misma cadena compró en su día la Casa de Aramburu en Veedor, que en su última etapa había sufrido una importante degradación por un uso indebido de la finca.

En manos municipales está la reforma integral del Palacio de los Marqueses de Recaño, que el Ayuntamiento está transformando como Casa Museo del Carnaval de Cádiz, en la que es una de las operaciones estrellas del actual gobierno municipal y que, a priori, tiene un evidente potencial económico para todo su entorno.

Hay otras fincas de titularidad privada que siguen cerradas o tienen un uso parcial, pendientes de obras de recuperación que no pueden ejecutarse por el elevado coste que suponen, imposibles de asumir por su propiedad.

En el caso de la Casa del Pirata, que se levanta solemne en el número 8 de la calle Beato Diego, su valor oculto tras sus potentes muros fue descubierto en su día por la Asociación para la Difusión e Investigación del Patrimonio Cultural de Cádiz, uno de los colectivos más activos en la defensa de nuestra historia. 

Levantada en el siglo XVIII, la familia propietaria ha intentado en más de una ocasión ponerla en valor asumiendo la relevancia urbanística que tiene. Pero el edificio es tan grande que necesita importantes fondos para su mantenimiento por lo que en más de una ocasión han pedido, sin éxito, ayuda institucional. Si todo el edificio es único, impacta especialmente la escalera de caracol como uno de sus referentes.

También en manos privadas está el número 1 de la calle Pasquín. Sin duda es una de las casas palacios más desconocidas de la ciudad, pues su fachada no atrae. Se encuentra cerrada y en estado precario, pendiente de la reforma integral que tiene pendiente de acometer la propiedad, una empresa sevillana con intereses en la hostelería en la ciudad.

Si todos estos edificios están en fase de recuperación o sus propietarios intentan mantenerlas con mucho esfuerzos, hay casos alarmantes que ponen en riesgo piezas esenciales de nuestro patrimonio. El caso más evidente es el convento de Santa María, uno de los pocos edificios que se salvó de la destrucción total del ataque anglo holandés en 1596. Cerrado desde hace cerca de dos décadas, sólo la iniciativa de un colectivo de ciudadanos logró poner en marcha un proyecto de recuperación del edificio, que avanza de forma muy lenta ante la falta de recursos y el nulo apoyo de las administraciones públicas.

Fuera del casco histórico y fuera también del propio término urbano, hay dos ejemplos más claros del abandono de nuestro patrimonio: el Molino de Mareas y la Casa de las Salina de Dolores. Además de la dejación de sus propietarios privados, son ejemplo de la incapacidad de las administraciones de actuar para evitar la ruina definitiva de dos de las pocas construcciones que siguen en pie, aunque con dificultades, referencia de una época y un sector económico de nuestra ciudad.