Cádiz

El acuerdo ‘in extremis’ con la plantilla del Ayuntamiento de Cádiz obliga a Kichi a buscar 3,3 millones de euros

  • El gobierno local lleva a pleno una modificación presupuestaria de 4,5 millones para hacer frente a los costes del Acuerdo Regulador, que también se votará en esa sesión que se celebrará a 20 días de las elecciones

El alcalde de Cádiz, José María González Kichi, junto al concejal de Hacienda, José Ramón Páez, en una rueda de prensa.

El alcalde de Cádiz, José María González Kichi, junto al concejal de Hacienda, José Ramón Páez, en una rueda de prensa. / Jesús Marín

El último Acuerdo Regulador de Condiciones de Trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento se remonta al año 2007 y perdió su vigencia en 2010. Desde entonces se han venido manteniendo las condiciones por medio de repetidas prórrogas de ese acuerdo, que ahora, en los días finales del mandato de ocho años de José María González en la Alcaldía, se propone actualizar en un Pleno extraordinario convocado para el 8 de mayo. Ese acuerdo alcanzado ‘in extremis’ por el gobierno de Adelante Cádiz requiere de una partida económica extra de 3,3 millones de euros, que es lo que se necesitaría para cumplir con los compromisos económicos adquiridos con la plantilla municipal.

En concreto, la partida que necesita incorporar a los presupuestos en vigor (prorrogados de 2022) el Ayuntamiento para hacer frente al coste de la plantilla es de 3.365.000 euros, que vendrán a sumarse a la partida inicial de 53.255.698,91 euros que recoge el capítulo primero de los presupuestos municipales, el que hace referencia al coste de la plantilla.

Según los distintos informes a los que ha accedido este periódico, de esos 3,3 millones de euros que ha tenido que buscar Kichi y su equipo un total de 2.961.310,35 euros corresponden a las mejoras económicas adheridas al nuevo Acuerdo Regulador que el día 8 se somete a la votación de una Corporación con las maletas hechas a la espera del resultado electoral del próximo día 28. Subida que hay que sumar a las recientemente aprobadas por la Ley de Presupuestos del Estado que otorgaba un 3,5% que en el caso del Ayuntamiento se contabiliza en 2.080.319,76 euros.

En este punto, conviene recordar que recientemente el gobierno local -con apoyo del Pleno- incorporó al presupuesto el remanente líquido de tesorería, que ya de por sí se sumaba a los 9,8 millones de euros que al fin se pudieron hacer efectivos por la venta de la tribuna del Estadio para hacer un hotel. Atendiendo a esto, Kichi tiene que recurrir a cambios presupuestarios e incluso al Fondo de Contingencia para proponer al Pleno una modificación presupuestaria que alcanza los 4.517.660,14 euros.

Y es que además de los 3,3 millones para hacer frente a las subidas salariales pactadas con los sindicatos, el Ayuntamiento necesita 675.000 euros extra para financiar la subvención al transporte público (junto al Gobierno estatal); 329.580,14 euros para el Consorcio de Bomberos; 130.000 euros para “dar cobertura al mayor coste del expediente de alumbrado extraordinario de Fiestas para 2023” (ese que dejó a la ciudad a oscuras en Carnaval); y otros 18.080 euros para el Consorcio de Transportes.

Para lograr estas partidas necesarias, se han eliminado o reducido hasta 38 partidas que estaban previstas para otras tantas acciones, delegaciones y servicios del Ayuntamiento. Empezando por los 675.000 euros del Fondo de Contingencia que se usarán para financiar la rebaja del billete de autobús actualmente en vigor; o los 200.000 euros destinados al mantenimiento de los parques infantiles, o 436.500 euros que había previstos para “inversiones destinadas uso general”; 140.000 euros para inversiones y mantenimiento en edificios municipales; 652.660,14 euros previstos para programas de Empleo; otros 600.000 euros que el presupuesto destinaba a programas de recuperación del Covid; o 100.000 euros más que estaban reservados para “programas de Fomento, Comercio y Hostelería”; así como una batería de partidas relacionadas con los Next Generation y con la Edusi.

Justifica todos estos cambios el alcalde en que “la aplicación de las actualizaciones de las retribuciones de los funcionarios previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado no pueden demorarse, ni tampoco la aprobación de un nuevo acuerdo regulador, al estar el anterior vencido desde hace años, considerando asimismo necesaria la implementación de las medidas acordadas en el acuerdo recientemente negociado”.

Será ahora el Pleno convocado para el lunes de la próxima semana, a 20 días de las elecciones, el que dé o no luz verde a una modificación presupuestaria que se antoja fundamental para asumir el nuevo Acuerdo Regulador que ese mismo día tendrá también que aprobar -o no- la Corporación Municipal.

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