Tribunales

Las diez claves del eterno caso de Quality Food

  • La compra de las acciones por parte de la Zona Franca, la deuda del Consorcio con García Gallardo, una instrucción discutida y la repetición de un juicio, entre otras, de un asunto sin cerrar

Manuel García Gallardo, el día que se inició el juicio en la Audiencia Provincial en 2019.

Manuel García Gallardo, el día que se inició el juicio en la Audiencia Provincial en 2019. / Lourdes de Vicente

La sentencia del Tribunal Supremo relacionada con Quality Food que ordena la repetición del juicio para las tres personas que fueron condenadas supone retroceder varias casillas a un caso que ya es eterno. Después de 18 años desde que se pusieran las primeras demandas, el asunto no está cerrado todavía y de lo que suceda al final de este caso penal no sólo está la absolución o culpabilidad de tres personas, sino un posible pago millonario por parte de la Zona Franca a Manuel García Gallardo, el que fuera fundador de Quality Food. ¿Por qué se sigue sumido en este laberinto? Veamos cuáles pueden ser algunas de sus claves.

1. La génesis

El siglo XXI comenzó en la Zona Franca llena de sobresaltos. Manuel Rodríguez de Castro, el que fuera delegado especial del Estado en el Consorcio, tuvo que dimitir de manera abrupta presionado por las acusaciones de corrupción y gastos indebidos, asuntos que acabaron también en una larguísima instrucción y que terminó con la condena de ocho años hacia el peculiar mandatario. Para sustituirlo llegó Miguel Osuna, un perfil absolutamente distinto, un inspector de Hacienda que había estado unos meses como subdelegado del Gobierno. Frente al oropel y la suntuosidad del primero, venía la discreción de este segundo. Desde el inicio de su mandato empezó a aparecer una empresa que adquirió rápidamente notoriedad y que se ubicó precisamente en una nave en el recinto fiscal de la Zona Franca. Al frente de ella estaba un joven empresario, Manuel García Gallardo, al que se puso como ejemplar emprendedor. Su empresa se dedicaba a la elaboración de platos cocinados para después servirlos en comedores escolares, cuarteles, hoteles y otros lugares colectivos.

En torno a García Gallardo aparecían de manera frecuente políticos, preferentemente del Partido Popular, y se empezó a hablar de expansión de la empresa. Una de las medidas es que se inician las obras para la construcción de una segunda fábrica en la capital gaditana, que es el edificio que ocupa actualmente el Mercadona que se encuentra frente a Puntales. Nunca se puso en funcionamiento.

2. Los problemas

Los renglones empezaron a torcerse cuando la Zona Franca entró en el accionariado de Quality Food. En principio, es con una parte casi simbólica, pero poco a poco fue adquiriendo a través de una de sus sociedades, Sogebaq, acciones en la empresa alimenticia. Desde el Consorcio se iba inyectando dinero a través de algunas ayudas y la Zona Franca fue cada vez cogiendo más accionariado. El problema se produjo cuando desde el Consorcio, según lo que defendió en el juicio, empezaron a ver que las cuentas no son lo buenas que parecían y que la empresa estaba en peligro, algo que siempre ha sido negado por García Gallardo.

La clave de todo y la fuente de los problemas es cuando se deciden hacer con la mayoría de las acciones para apartar a García Gallardo de la gestión y las decisiones que se tomaron y el dinero que se pagó por las acciones de una empresa que, según las acusaciones, valían mucho menos de lo que realmente se pagó. Esta decisión se tomó, a juicio de Osuna, para salvar a la empresa y sus puestos de trabajo. Otra de las claves es que se acusaba a García Gallardo de artimañas financieras, de manera que acudía a las ampliaciones de capital con la Zona Franca y justificaba el pago pero realmente éste no se hacía. Esa es una de las cosas que se dirimió en la Audiencia Provincial y que ahora tendrá que volver a examinarse en la repetición del juicio. Lo que se calculaba es que el presunto quebranto podía ser de unos 30 millones.

3. El acuerdo

En ese 23 de diciembre de 2003 hay un acuerdo con Manuel Gallardo con una fórmula que fue propuesta por uno de los abogados del Estado. Se decide que se hicieran dos informes de valoración que debían hacerlos empresas de reconocido prestigio en el sector para determinar el valor de las acciones. Una de ellas la debía elegir la Zona Franca y la otra la familia García Gallardo, pero estos no ejercieron su derecho, por lo que la Zona Franca encargó las dos, una a Ernst & Young y la otra a Price Waterhouse. Lo que saliera entre las dos, se aplicaba la media y ese sería el valor reconocido. Además, se aplicaron unas cláusulas por la que se establecía que cualquiera de las partes podía hacerse con el cien por cien de las acciones. Si lo hacía García Gallardo, tendría que devolver todo el dinero que hubiera puesto Zona Franca. Si fuera al contrario, el Consorcio pagaría por las acciones, pero en el caso en que el valor fuera inferior a lo ya puesto por institución pública, se quedaría con todas las acciones sin poner un euro más por compensación de pagos.

4. El juicio de lo Mercantil

Las primeras demandas contra García Gallardo las inició Miguel Osuna al manifestar que había sido engañado por el fundador de Quality Food para trasvasar fondos públicos a su empresa. Sin embargo, Zona Franca puso una demanda en lo mercantil en el año 2005 para reclamar el cien por cien de las acciones, ya con el socialista José de Mier al frente del Consorcio. La sorpresa es que García Gallardo demandó que uno de los informes de valoración de la empresa, el de Ernst & Young, no era tal sino uno de constatación de hechos. El juez decidió encargar uno nuevo y, tal y como dijeron los abogados del Estado en el juicio de la Audiencia Provincial, sabían que ese momento se torció el proceso porque las proyecciones que había estaban basadas en un Plan de Expansión encargado por Quality Food cuando era dominada por su fundador, que reflejaba un crecimiento desmesurado para la situación económica que tenía la empresa. El final fue calamitoso para el Consorcio. Zona Franca tenía que pagarle 13,5 millones de euros a García Gallardo.

5. Dilatar para no pagar

Manuel García Gallardo aseguró a este periódico que ha habido mala fe por parte de la Zona Franca para dilatar un proceso con el objetivo de no tener que pagar esos 13,5 millones de euros que van ya por los 35 por los intereses de demora. Esto es clave porque si García Gallardo resulta condenado a última instancia, la Zona Franca no tendrá que pagar el dinero, pero si sale inocente, tendrá que afrontar un pago muy elevado. Poco tiempo después, con Zona Franca gestionando la empresa, se intentó vender a otros grupos, pero ninguna operación cristalizó y se acabó cerrando la compañía.

6. La instrucción

La instrucción del caso cayó en el Juzgado número 3 de Cádiz. El 9 de mayo de 2005 la Abogacía del Estado presentó una querella contra García Gallardo por estafa. Poco a poco se fueron recopilando pruebas y pasaron multitud de testigos, pero cuando todo parecía que estaba llegando a su fin, hubo un giro radical. Así, en el año 2012 la Abogacía del Estado presentó un nuevo escrito en el que se acusaba a Miguel Osuna de ser incluso el inductor y el ideólogo de ese trasvase de fondos públicos a Quality Food y que se saltó los controles de esta institución. Osuna pasó a estar investigado y posteriormente a sentarse en el banquillo de los acusados, aunque finalmente fue absuelto. La instrucción tuvo demasiado vaivenes, se prolongó durante más de una década y no dejó satisfecho a casi ninguno de los implicados en esta historia.

7. La lucha política

Que Osuna fuera delegado del Estado de la Zona Franca y del PP y que García Gallardo también lo fuera en su día hizo que el PSOE viera un filón en este caso que podría ser de corrupción. Desde el PP se hablaba también de las relaciones del entorno de García Gallardo con el PSOE. Los socialistas han ejercido la acusación particular hasta el último instante.

8. El juicio

El juicio por fin se pudo celebrar en la Audiencia Provincial de Cádiz en marzo de 2019. Como acusados estaban el ex delegado Miguel Osuna; José Manuel Fedriani, su jefe de gabinete; Manuel García Gallardo, fundador de Quality; Ana Gallardo Ramírez, madre de Manuel y que aparecía como administradora; Víctor Ocaña, que fue director de una sucursal del BBVA donde se llevaron a cabo las justificaciones de los pagos de las ampliaciones de capital; y Rafael Borrego, testaferro en una empresa de García Gallardo y que se supone que hizo trabajos para Quality Food pero puestos en duda por la Fiscalía. Osuna, Fedriani y Borrego fueron absueltos. García Gallardo fue condenado a diez años, Víctor Ocaña a cuatro y a Ana Gallardo se le imputaron responsabilidades civiles.

9. El Tribunal Supremo

El Alto Tribunal ha estimado el recurso de casación presentado por la defensa de Manuel García Gallardo y ha ordenado la repetición del juicio en la Audiencia con un tribunal distinto para los tres condenados en este caso. La razón es que no se admitió una prueba pericial presentada por la defensa de García Gallardo que podía ser clave en el juicio y que eso le generó una indefensión. La misma era un informe de KPMG que podría dar validez a varias de las operaciones que realizó en aquel período que se juzga. A la Audiencia Provincial se le daba un varapalo y además se estimaba que las costas del recurso tenían que ser abonadas por la Abogacía del Estado y el PSOE.

10. ¿Y ahora qué?

Lo más urgente será señalar el nuevo juicio por el que tendrán que volver a desfilar los testigos. Con toda probabilidad, salga lo que salga de allí volverá a tener recursos por lo que el caso pueda tardar varios años en cerrarse con la sombra, además, del pago de la Zona Franca hacia García Gallardo.

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