Manuel García Gallardo, fundador de Quality Food, no podía ocultar ayer su satisfacción por la sentencia del Tribunal Supremo por la que se ordena repetir el juicio que tuvo lugar en la Audiencia Provincial en 2019 y por el que fue condenado a diez años de prisión por los delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida.

Básicamente, el Alto Tribunal entiende que en aquel juicio celebrado en la capital gaditana se tenía que haber admitido una prueba pericial aportada por la defensa de Manuel García Gallardo y que fue rechazada por el tribunal. Eso, a juicio del Supremo, produjo una indefensión hacia Manuel García Gallardo y reducía sus posibilidades para poder llevar una defensa en condiciones. Esto ha llevado a que se ordene la repetición del juicio para los tres condenados, que además de él son Víctor Ocaña, el director de una sucursal bancaria, y Ana Gallardo, la madre de Manuel, que sólo tuvo una responsabilidad civil en la primera sentencia.

García Gallardo, en conversación con este periódico, dijo que había recibido “con mucha alegría y satisfacción” la sentencia del Tribunal Supremo: “No sólo porque nos da la razón y poder demostrar la inocencia de mi familia sino también porque estoy muy orgulloso del país en el que vivo porque la justicia funciona”. Y esto es, a su juicio, porque permite subsanar el “error grave donde no me admitieron las pruebas y se permita la repetición del juicio, que es lo que pedimos”.

El que fuera fundador de esta empresa alimenticia de platos preparados reconoce que a pesar de que cree que le asistía la razón con este recurso de casación “estaba preocupado” tras el precedente de lo que había ocurrido en la Audiencia Provincial: “Cuando llegamos a ese juicio estábamos convencidos de nuestra inocencia y teníamos claro que las acusaciones de la Zona Franca eran infundadas para no pagarnos la deuda que tenían contraída con mi familia. La Zona Franca no me ha pagado nada, me quitaron una empresa que lamentablemente cerraron con todos sus puestos de trabajo y no ha pasado nada”.

García Gallardo se refiere al proceso mercantil por el que se determinó que la Zona Franca tenía que pagar 13,5 millones de euros por el valor de las acciones que le quedaba por adquirir y que tenía que hacerse con ellas obligatoriamente. Según el fundador de la empresa alimenticia, la deuda ahora iría por los 35 millones.

A pesar de esa inocencia que pregona, recibió un jarro de agua fría en el juicio cuando no se permitió la prueba pericial que habían presentado de KPMG, “que demostraba que una serie de operaciones comerciales y financieras eran legales”. Por ello, cuando eso ocurrió y además se prohibió el testimonio de algunos testigos de la defensa, “pude ver que la cosa no iba a ir bien”.

Manuel García Gallardo lleva 18 años involucrado en este tema desde que se puso la primera demanda pero “sólo el hecho de que estoy convencido de que tenemos la razón, me ha hecho aguantar”. En este sentido, señaló que “nos estamos enfrentando a un adversario que no es cualquiera, no es otra empresa por ejemplo sino una institución pública a la que el dinero le da igual. Esto se podía haber resuelto hace 18 años y, sin embargo, aquí estamos todavía”. De este modo, lamenta que un proceso tan largo no sólo le perjudica a él “sino a la familia y a todos los que están alrededor de esto”.

Manuel García Gallardo también quiso incidir en el hecho de que tanto la Abogacía del Estado cono el PSOE han sido condenados a pagar las costas del recurso de casación “y con la Abogacía no es la primera vez que ha ocurrido donde se ha visto que había mala fe en sus actuaciones”.

La repetición del juicio afecta a las tres personas que fueron condenadas pero no así para los tres que fueron absueltos. En este caso se trata de Miguel Osuna, ex delegado de la Zona Franca de Cádiz hasta 2004 y que fue el que inició las denuncias contra García Gallardo; el jefe de gabinete de Osuna, José Manuel Fedriani; y Rafael Borrego, que actuaba como testaferro en una de las empresas que estaban relacionadas con García Gallardo.