Denuncian al Ayuntamiento de Cádiz y a Cemabasa por un supuesto delito penal de abandono de los gatos del antiguo cementerio
Dos colectivos animalistas llevan al juzgado el hecho de que solo se les permita dar de comer y beber a los animales una vez a la semana durante el mes de agosto por falta de personal
"Van a condenarlos a sufrir sed e inanición, con el consiguiente riesgo de muerte", alertan desde las dos asociaciones de defensa de los derechos de los animales
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Las asociaciones en defensa de los derechos de los animales El Gato Genovés y Barrio Felino han denunciado ante el juzgado de guardia al Ayuntamiento de Cádiz y a Cemabasa por un supuesto delito de abandono de los 80 gatos que forman parte de la colonia felina del antiguo cementerio de San José. Les acusan de no permitir a los voluntarios que tres veces a la semana atienden a estos animales entrar en el recinto nada más que un día a la semana durante el mes de agosto para darles de comer y de beber.
En la denuncia alegan que "con motivo de la llegada del mes de agosto, los responsables de la apertura y cierre del recinto del cementerio de San José, que permiten el acceso de los cuidadores de gatos para llevar alimentación y agua, en número de tres días a la semana, han indicado que por falta de personal, solo van a permitir el acceso una vez por semana. Hay que hacer notar, que este recinto se encuentra siempre cerrado al público, si bien existe personal que habitualmente controla el acceso al mismo de las personas autorizadas".
Desde los dos colectivos animalistas exponen que "estos cuidadores encargados de esta alimentación son miembros de las asociaciones denunciantes y voluntarios acreditados desde hace mucho por el propio Ayuntamiento denunciado mediante el otorgamiento de una credencial. Ello implica, que las elevadas temperaturas propias de la estación, la comida y el agua dejada una vez sola a la semana va a estropearse y condenar a los gatos a sufrir la sed e inanición, motivando que muchos de ellos se encuentren en riesgo de morir, por la propia falta de agua y comida, como por su afán de escapar, pereciendo atropellados".
"Esta circunstancia ha sido puesta de manifiesto a los responsables de Cemabasa [la empresa pública que gestiona los cementerios] y a los responsables municipales, que han dejado claro que no van a hacer nada al respecto, alegando simplemente que carecen de personal", aseguran los animalistas. "Así pues, los denunciados son conscientes del riesgo para la vida de los gatos de la colonia que implica de su comportamiento, y con dolo eluden poner cualquier remedio que evite su maltrato y muerte", sostienen desde las dos asociaciones. "Todo ello con conocimiento del Ayuntamiento y de la empresa pública denunciada del mismo, que por dolo o negligencia inexcusable está generando la situación descrita; que como expondremos, implica la vulneración de la protección prevista a este tipo de colonias en la Ley 7/2023, y dadas las circunstancias del caso, e implica la comisión por parte de los mismos de un delito de abandono de animales que se encuentran bajo su cuidado, previsto y penado en los arts. 340 ter y quater, del vigente Código Penal".
El artículo 340 ter del Código penal establece que "quien abandone a un animal vertebrado que se encuentre bajo su responsabilidad en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad será castigado con una pena de multa de uno a seis meses o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. Asimismo, se impondrá la pena de inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales". El artículo 340 quater impone "multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista en la ley una pena de prisión superior a dos años y multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos".
"También son responsables los empleados que nieguen el acceso"
"Las conductas de los denunciados incurren en los ilícitos penales descritos, y son responsables de los mismos, tanto el Ayuntamiento de Cádiz y la sociedad denunciada como personas jurídicas, como aquellos funcionarios, empleados o dependientes de la misma, que materialmente nieguen el acceso al recinto del cementerio de San José a los cuidadores para la alimentación adecuada de los gatos", sostienen ambos colectivos.
Los animalistas recuerdan en su denuncia que "esta colonia es de existencia pública y notoria, los problemas en relación con la misma aparecen con frecuencia en los medios de comunicación, y la entidad convocante del concurso, conoce amplia y pormenorizadamente su existencia. Además, existen actos propios del Ayuntamiento de Cádiz, quien pagando esterilizaciones de los gatos de esa colonia y otras actuaciones similares, ha asumido desde hace años como propia la misma y su protección".
"De hecho, el censo, a fecha de junio del año en curso 2025, declarado por el encargado oficial del Ayuntamiento de Cádiz para la captura, traslado de los animales a las clínicas veterinarias y suelta en San José, da la cifra de 55 gatos castrados, más un número desconocido de gatitos y gatos huidizos de difícil enumeración", argumentan desde als dos asociaciones. A esto añaden que "las fichas de estas castraciones han sido reunidas en un documento llamado 'Bitácora de castraciones de San José', donde los animales de la referida colonia han sido enumerados, descritos y fotografiados, con señalamiento de las fechas de captura y suelta. Este documento obra en el archivo municipal del Ayuntamiento de Cádiz". Y exponen que han sido frecuentes las informaciones periodísticas publicadas en los medios de comunicación relacionados con esta colonia felina y con su titularidad.
Además hacen constar que testigos de la existencia de esta colonia de gatos en el antiguo cementerio de San José son los miembros Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). Así, recuerdan que la primera denuncia ante esta unidad policial solicitando la investigación de la situación de los gatos miembros de esta colonia se interpuso en febrero de este año 2025. "Desde entonces han realizado varias gestiones tales como la inspección ocular in situ, la toma de declaraciones de testigos y la solicitud de informaciones al Ayuntamiento de Cádiz", entre otras.
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