Los hechos que se narran a continuación están construidos en base a engaños y embustes, trolas preconcebidas al amparo de un plan que se fue al traste, quizás por eso de que las mentiras tienen las patas muy cortas. Verano de 2013. Dos vendedores de la ONCE, entonces pareja, se ponen de acuerdo para quedarse con la recaudación que habían obtenido con la venta de cupones. Poca cosa,  470 euros. Para apropiarse de esa cantidad, fingen que han sufrido un robo.

Los cuponeros se personan en la Comisaría de Policía de Cádiz el 21 de julio de 2013 y denuncian falsamente que fueron abordados por dos personas que portaban navajas y que los intimidaron, por lo que no tuvieron más remedio que entregarles el dinero que llevaban encima de la recaudación, los 470 euros. 

La mentira no quedó ahí. En sede policial, los agentes enseñan al vendedor de la ONCE una composición fotográfica con varios posibles sospechosos y éste señala "con casi total seguridad" a una persona como responsable del robo.

El 6 de agosto de 2013, el supuesto ladrón es detenido por la Policía y puesto a disposición judicial. El juzgado instructor ordena entonces que se realice una rueda de reconocimiento, en esta ocasión, presencial. Nuevamente, el vendedor de la ONCE identifica "sin ninguna duda" al mismo sujeto que la vez anterior como autor de la sustracción, razón por la que el juez ordena su ingreso el prisión.

El hombre acusado falsamente del robo de la recaudación de la ONCE permanece en la cárcel del 8 al 12 de agosto de 2013, día en el que una tercera persona, "conocedora de lo mendaz de la denuncia y del reconocimiento", informa al juzgado de que toda esta rocambolesca historia es una mentira de principio a fin. Después, sólo después de este chivatazo, el vendedor de la ONCE acude de nuevo a Comisaría para admitir que todo lo que ha contado es falso y fruto de un plan urdido con su pareja para quedarse con la recaudación de los cupones.

Juzgados y condenados

A raíz de estos hechos, los dos vendedores de la ONCE han sido juzgados y condenados por la Audiencia Provincial de Cádiz a principios de esta semana. Ambos evitaron la celebración del juicio toda vez que admitieron lo ocurrido y pactaron penas mínimas: dos años y tres meses de cárcel, multa de 720 euros y 162 jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad para él por los delitos de denuncia falsa, detención ilegal y apropiación indebida; y tres meses de prisión y 360 euros de multa para ella por los delitos de simulación de delito y apropiación indebida. Ninguno de los dos entrará en prisión bajo la condición de que no vuelvan a delinquir por un periodo de dos y tres años, respectivamente. 

A la hora de rebajar las penas privativas de libertad, el tribunal de la Sección Cuarta ha tenido en cuenta varias atenuantes (además de la confesión de los implicados): el retraso que ha experimentado esta causa en su tramitación judicial, que ambos procesados sufren patologías psicológicas y que él no sólo devolvió los 470 euros de la recaudación, sino que además indemnizó a la persona que estuvo presa por su denuncia falsa con 2.250 euros.