En 1953 el Ayuntamiento quiso celebrar por todo lo alto el estreno de La Atlántida, la obra póstuma de Manuel de Falla.

Apuntándose a la idea Casto Fernández-Shaw, uno de los arquitectos más relevantes del momento, propuso transformar el Castillo de San Sebastián, en manos de los militares, en un gran anfiteatro al aire libre.

El proyecto incluía una zona de gradas para 6.000 personas frente a la cual se abriría un foso que dar cabida a una orquesta sinfónica y un escenario cuyo muro posterior sería abatible para permitir la entrada del agua del mar, facilitando la entrada de las tres carabelas del Descubrimiento, incluidas en la obras del músico gaditano.

El conjunto se completaría con salas para congresos, reuniones y exposiciones a la vez que se levantaría una gran torre, el Faro de Hércules, con 56 metros de altura, con planta ovoide y que serviría también como faro marítimo.

El proyecto no se ejecutó nunca. Ni el Ayuntamiento ni el propio Estado tenían dinero, cuando aún no se había salido de las penurias de la Guerra Civil, para afrontar un proyecto de este calado. El castillo, por lo tanto, mantuvo su tranquila existencia como equipamiento militar.

La salida de las últimas tropas abrió la posibilidad de recuperarlo para el uso civil. Esa era la pretensión del Ayuntamiento de Teófila Martínez a principios de este siglo.

Tras firmar un convenio en el año 2000, el gobierno local tuvo la posibilidad de organizar algunos eventos musicales en la zona de la avanzada, a la vez que tanteó a Alberto Campo Baeza para la redacción de un proyecto para su uso ciudadano, que tampoco salió adelante.

Con un presupuesto muy limitado, el Ayuntamiento limpió la zona y protegió las áreas que estaban en mal estado. El castillo se abrió para visitas y, especialmente, para algunos conciertos de verano. El éxito de estas convocatorias dejó claro, si alguien lo dudaba, de la relevancia que podía tener esta fortificación en el Cádiz cultural y turístico.

Tal vez eso mismo pensó la Junta al convertir al castillo en el centro de los actos del Bicentenario en 2012.

Planteó un ambicioso proyecto de reformas con un coste superior a los 30 millones de euros, diseñando el Faro de las Libertades e, incluso, recuperando un pequeño muelle para el acceso marítimo a este equipamiento.

Al final todo fue un desastre. No se gastó ni un tercio de lo previsto. El faro, el muelle y otros equipamientos se fueron cayendo del proyecto original. Al final, la Junta dejó por imposible esta actuación y optó por largarse de la misma, dejando al Estado y al Ayuntamiento el marrón de la conclusión de las obras.

Pero el primero no tenía, ni tiene, ninguna intención de gastar millones en el proyecto a pesar de ser el propietario, y el segundo tampoco estaba en condiciones de hacer gastos extras, aunque inició los trámites para que le fuese cedido el uso del castillo, a la vez que destinaba una partida anual para ir haciendo obras poco a poco.

El cambio de gobierno en 2015 paralizó cualquier actuación, a la vez que el Estado se “olvidaba” también se ejecutar las obras de mantenimiento a las que se había comprometido ejecutar anualmente. Desde entonces el castillo ha iniciado un lento proceso de deterioro que acabó con el cierre de las instalaciones hace dos años.