Sin cables pero con trabas

Cuando una casa del casco histórico gaditano recupera su esplendor y deja asomar aquellos detalles de una fachada que fue levantada acorde a los cánones de belleza de siglos pasados, sin cables colgantes ni interrupciones visuales, el patrimonio gaditano se hace más fuerte en esa arquitectura tan singular que lo define. Pero llegar con éxito al fin de este proceso no es fácil para promotores y arquitectos, que se enfrentan a procesos administrativos a veces muy tediosos que les puede llevar más tiempo y papeleo de la cuenta.

Entre los requisitos coinciden en que uno de los peores momentos para obtener la licencia de primera ocupación es el soterramiento de cables en fachada y en la calle, tal y como establece la normativa (el PGOU), en una actuación que coordina Alumbrado Público. Protestan, por tanto, por la falta de protocolización de un procedimiento que se multiplica en trámites y en tiempos, llegando a alcanzar "hasta seis meses en total".

La cuestión es que para dicha licencia es necesario que el propio promotor de la obra se coordine con todas las empresas suministradoras de servicios públicos para que retiren y repongan todas sus instalaciones, de forma homologada tal y como marca la ley, lo que incluye canalizaciones, tubos y arquetas adecuadas, así como el posterior soterramiento en la vía pública. Es decir la normativa pide que los servicios de luz, agua, telefonía e internet esté ya más que listo antes de permitir la ocupación, como es lógico, y que discurran por donde debe. Esto no quita que otras tantas fincas sigan exhibiendo sus cables sueltos y al aire libre, que es lo que quiere evitar la normativa.

"El promotor está obligado -como indica el Ayuntamiento- a asumir el coste y la gestión del soterramiento de cableado y no es fácil, pues tienes que contactar con todas las compañías, te tienen que contestar, ellos a su vez deben comunicarlo a la administración antes de que den el informe favorable...", resume Fabián Cruz, arquitecto y promotor de algunas obras en el casco histórico.

Todo está centralizado en Alumbrado Público, en una actuación en la que también interviene Mantenimiento Urbano, y de la que se debe informar a Urbanismo para que dé el visto bueno final. "Es muy engorroso para el promotor y no hay mucha ayuda para llevarlo a cabo".

Pero uno de los puntos que más les molesta es el hecho de que "sea el propio promotor quien tiene que asumir económicamente el soterramiento de cableado. Esto no ocurre en ningún otro sitio que yo sepa", puntualiza.

Igual de molesto se muestra el también arquitecto y promotor Darío Arroyo, y no tanto por lo complejo del proceso y los tiempos que requiere, que los considera normales dentro de lo que es una obra de cierta envergadura, sino por el hecho concreto de que "tengamos que pagar a Eléctrica de Cádiz no sólo el soterramiento de cables, que ya es irracional al ser un servicio que pagas, sino que también tenemos que costear el cableado nuevo". En este apartado Arroyo se muestra asombrado y asegura que esto es "algo relativamente nuevo, pues me ha pasado recientemente". Desde la compañía le indican que es "una normativa interna que no aparece en ningún sitio, y que ahora aplican", asevera Darío Arroyo.

Otro punto y aparte se lleva la zanja que deben abrir en la calle para soterrar todo este sistema de cableado con los tubos requeridos, "para lo que es necesario el control arqueológico", siempre y cuando así lo establezca la Delegación Provincial de Cultura, en función a la zona. Por ello tienen que esperar a que se pronuncie la administración y designe si es necesario que se realice la obra con la presencia de un arqueólogo.

Esta zanja no puede abrirse ni en fiestas ni días antes, con lo que también atrasa las obras, y debe hacerse de forma coordinada en caso de que existan más actuaciones similares en la calle.

Por último, el promotor también debe asumir la urbanización de la calle, que debe hacerse a través de la empresa adjudicataria para la reposición de solería, "que habitualmente se hace con la misma, Martín Casillas", pese a que algún promotor puntualiza que esta parte la suelen asumir porque la meten en su proyecto.

En este punto, Miguel Ramírez, de Mantenimiento Urbano, añade que para abrir el expediente necesita la solicitud de cata y la documentación de la coordinación de todas las empresas, incluido el informe de cautela arqueológica de la Junta. Tras esto, el técnico valora cómo se realizará y envía presupuesto que, una vez aceptado, debe ser aprobado por junta de gobierno, dice de forma muy resumida.

Es Alumbrado Público quien coordina todo esto, quien debe emitir el informe favorable una vez que todos los implicados hayan justificado que está todo en orden, tras lo que se comunica a Urbanismo. "Los cables de las distintas empresas suministradoras deben retirarse automáticamente, y las de Alumbrado Público lo vamos retirando conforme tenemos presupuesto", reconocen desde este área.

Desde el Colegio de Arquitectos, su decano, Fernando Mejías, afirma que efectivamente afecta directamente al promotor, y termina salpicando a la dirección facultativa y a los arquitectos, por lo que sería necesario "agilizar el proceso".