Baltasar Garzón afirma en Cádiz que el juicio en el Supremo al fiscal general del Estado “nunca se debería haber producido”

El jurista Baltasar Garzón abrió su intervención en la segunda Jornada de Memoria Histórica Democrática en la Diputación de Cádiz con una dura valoración sobre el juicio que celebra el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, un proceso que, según afirmó, “nunca se debería haber producido”. Garzón aseguró seguir las sesiones “con perplejidad” y sostuvo que no existen elementos que sostengan la acusación, algo que —dijo— está quedando en evidencia durante la vista oral. A su juicio, el origen de este procedimiento se encuentra en “una noticia errónea y falsa” impulsada desde el entorno de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, cuyo responsable llegó a reconocer la falsedad.

El exmagistrado defendió que el desenlace “solo puede ser una sentencia absolutoria”, aunque advirtió de que el daño causado a la confianza ciudadana en la Administración de Justicia tardará en repararse. “Ese es el principal desvalor al que nos está llevando este proceso”, afirmó.

“La memoria no es pasado: es presente y futuro”

Tras su valoración sobre la situación judicial del fiscal general, Garzón centró su intervención en la condición imprescindible de la memoria democrática para consolidar un país verdaderamente reconciliado con su historia. Subrayó que “la memoria no es pasado”, sino presente y futuro, y que solo puede hablarse de reconciliación cuando se reconoce a las víctimas y se evita el negacionismo.

Recordó que en España aún persisten sectores que desconocen o directamente niegan los crímenes de la dictadura franquista, algo que calificó de “muy grave” porque “incide en una inseguridad mayor para el sistema democrático”. Reprochó que todavía existan jueces que no cumplen la Ley de Memoria Democrática de 2022, cuyo artículo 29 otorga por primera vez a las víctimas el derecho a la investigación. “Los que cumplen no tienen más mérito que cumplir la ley; los que no lo hacen tienen el demérito de saltársela”, sentenció.

Garzón defendió que no se trata de un ataque al Poder Judicial, sino de “poner las cosas en su sitio” y exigir que las instituciones actúen de forma coherente con la legislación vigente y con los estándares internacionales de derechos humanos.

Alerta ante el auge del negacionismo entre los jóvenes

El jurista mostró preocupación por el incremento de simpatía hacia la dictadura detectado en encuestas recientes, especialmente entre personas jóvenes. Consideró que se trata de un efecto directo del desconocimiento histórico y de la desinformación generada por ciertos liderazgos políticos y mediáticos. A su juicio, resulta incomprensible que parte de la juventud considere que se vive mejor en una dictadura: “Es absurdo, pero es la realidad”.

Garzón denunció que esta dinámica forma parte de un cambio de paradigma global que amenaza derechos que se creían consolidados. Señaló la existencia de líderes “ultraliberales” cuya influencia fomenta una “reformulación a peor” de los valores democráticos.

La pedagogía como muro de contención

A lo largo de la jornada, organizada por la Asociación de Cádiz a través del Servicio de Memoria Histórica Democrática, se puso el acento en la necesidad de reforzar la educación en esta materia. En la apertura del acto, responsables del servicio destacaron que en 2026 se pondrá en marcha un programa pedagógico en centros escolares, al que ya se han adherido 27 institutos, para trabajar con jóvenes la comprensión crítica del pasado reciente y combatir la desinformación.

Javier Vidal, vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz recordó que alrededor del 21% de la población valora positivamente la dictadura de Franco, lo que demuestra que persiste una brecha de conocimiento relevante. Agradeció además el trabajo del equipo técnico, especialmente de David Doña, por la labor desarrollada y por el crecimiento de las iniciativas de memoria en colaboración con los ayuntamientos.

Una llamada a cumplir la ley y garantizar la no repetición

Durante su intervención, Garzón insistió en que la democracia española solo podrá consolidarse plenamente si ajusta cuentas con su pasado mediante verdad, justicia y reparación, pilares que —aseguró— aún están pendientes. Recordó que la Ley de Memoria Democrática obliga a las instituciones a trabajar de forma proactiva en la protección de las víctimas y en garantizar la no repetición de los crímenes.

El jurista defendió el trabajo de la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, que está impulsando procedimientos amparados en la nueva normativa, aunque criticó que algunos juzgados sigan aplicando criterios anteriores a 2022, lo que vulnera el espíritu de la ley.

La intervención de Garzón fue recibida con especial interés por el público y los participantes de la jornada, que ya prepara su tercera edición para el próximo año con la intención de ampliar el alcance educativo y social de la memoria democrática en la provincia de Cádiz.