El Ayuntamiento de Cádiz encuentra suelo para construir al menos 330 nuevas viviendas protegidas

La situación de emergencia en la que desde hace unos meses han entrado las administraciones regional y central ante la gravedad del problema de la vivienda en España, y mucho más en Cádiz, ha llevado a introducir cambios en la legislación urbanística a fin de favorecer el desarrollo del sector inmobiliario, fundamentalmente el público.

En el caso de Andalucía, la Junta aprobó el pasado marzo un decreto de medidas urgentes que, entre otras cuestiones, permite la transformación del suelo dotacional en residencial, favoreciendo por ello la localización de más terrenos para la construcción de nuevos pisos. La norma deja claro que esta medida solo permite la ejecución de proyectos de viviendas protegidas.

El Ayuntamiento de Cádiz se ha apuntado a esta posibilidad, teniendo en cuenta el cada vez más escaso suelo urbanizable que queda en la ciudad, y sobre el plano de la ciudad analiza en estos días todos los espacios públicos que, calificados como dotacionales, pueden reconvertirse en vivienda, descartando aquellos que por su reducido tamaño harían inviable una operación urbanística de este tipo.

La intención es culminar este listado, que siempre se podrá ampliar, en cuestión de días para, así, poder llevar a pleno una propuesta del gobierno municipal de Bruno García para participar en los beneficios del nuevo decreto autonómico.

Hasta ahora, el estudio que elabora la concejalía de Urbanismo ha localizado suelo dotacional tanto en el casco antiguo como, sobre todo, en Puerta Tierra para nuevas viviendas.

Sumando todas estas propuestas se trabaja ya sobre unas 337 viviendas protegidas, aunque esta no es una cifra cerrada y sin duda podrá incrementarse.

El listado aporta, también por el momento, más de una veintena de espacios dotacionales. Entre ellos se encuentra el equipamiento de la plaza de la Merced donde en su día funcionó un Centro de Salud, y cuya conversión en vivienda pública se reclama desde hace años por colectivos ciudadanos. También un solar en García de Sola y el antiguo colegio Carmen Jiménez, donde el Ayuntamiento considera que se pueden construir 70 nuevas viviendas protegidas.

En estos espacios no se cuenta con operaciones que están directamente en manos de la Junta de Andalucía, como la que se podrá ejecutar en Tolosa Latour (un gran terreno que se compartirá con un edificio administrativo). También habrá que ver el final del proyecto de Casitas Bajas. Aquí el Ayuntamiento pretende vender su suelo para obtener fondos que le permita iniciar la transformación de la barriada de Manuel de Falla, donde se incrementará 90 nuevas viviendas protegidas.

Según el decreto de la Junta, en el caso de utilizar para viviendas el suelo dotacional, los proyectos a ejecutar deben salir adelante en un plazo no superior a los cinco años, desde que se proyectan hasta el final de sus obras.

Suelo en manos de la Junta

La propia administración regional tiene previsto terminar la elaboración de la Ley de Vivienda autonómica, que podría entrar en vigor a lo largo del próximo ejercicio.

Más allá de estas hipotéticas actuaciones en materia de vivienda, la ciudad aún tiene capacidad para promover más actuaciones en promociones públicas atendiendo exclusivamente a lo previsto por el PGOU, y que no se ha cumplido hasta ahora.

Así, según datos municipales, hay espacio destinado para unas 1.700 viviendas protegidas. Aquí se encuentran suelos como el del Hospital Puerta del Mar, la Lonja o el barrio Manuel de Falla. Estos y los restantes terrenos incluidos en este listado llevan años en lista de espera y algunos, como el suelo de complejo sanitario en Ana de Viya solo saldrá adelante si se construye el Hospital Regional en Puntales.

A esta cifra habría que añadir los 400 pisos públicos incluidos en el plan de Navalips, que impulsa el Consorcio de la Zona Franca. En este caso, este suelo en el PGOU no era residencial por lo que para su desarrollo urbanístico se ha elaborado un Plan de Reforma Interior. Es un proceso largo en ejecución administrativa pero que facilita su puesta a punto, sobre todo porque empezó a planificarse mucho antes de la aprobación del decreto de medidas urgentes de la Junta.

Sumando todas estas operaciones se rondan las 2.500 viviendas protegidas, que aun siendo muchas quedan lejos de las necesidades que tiene la ciudad.

Siempre sin tener en cuenta el suelo de titularidad privada.