"En un año deben estar ocupadas todas las VPO"

La calificó como "línea roja, el objetivo que se quiere plantear la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía: que no quede en el plazo de un año ni una vivienda de protección oficial (VPO) que esté "vacía cerrada y deshabitada en Andalucía". La consejera del ramo, Elena Cortés (IU) dijo que ha solicitado una reunión "urgente" a la Diputación de Cádiz y a los ayuntamientos de jerez y La Línea para abordar esta situación para encontrar una solución.

Elena Cortés mantuvo en la mañana de ayer un encuentro con los miembros de la Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna en el marco del "diálogo permanente" con la sociedad civil organizada por a defensa que se viene haciendo desde la Consejería del derecho a la vivienda. Cortés explicó en la rueda de prensa posterior en esos dos ayuntamientos es "donde se concentra el problema" de las VPO en la provincia.

El objetivo de la reunión era explicarles cómo ha actuado la Consejería para dar solución a este asunto, recordando que hace un año elaboró un plan de acción que evaluó el número de VPO vacías en la comunidad autónoma andaluza, que ascendía a 638. Todas ellas pasaron de venta a alquiler, bajaron el precio de la renta, eliminaron la petición de aval bancario dando como resultado que ya se hayan arrendado 520.

En la provincia de Cádiz había 95 en esta situación, 85 de las cuales ya se han alquilado y quedan diez en un proceso "de inminente adjudicación a través del alquiler y de los registros municipales de demandantes de viviendas".

La consejera anunció también que la Consejería ha abierto expediente sancionador a cuatro entidades financieras por tener 30 viviendas "ocultas" a los registros de demandantes de viviendas en las localidades de Chiclana, Jerez, Ubrique, Los Barrios, Sanlúcar, Algeciras, San Fernando, La Línea y Medina Sidonia.

Destaca que la Ley de Función Social de la Vivienda planteaba que "no es posible que en Andalucía haya 700.000 viviendas vacías en manos del poder financiero" y, al ser recurrida por el PP, ha puesto "alfombra roja al poder financiero para poder seguir especulando con esas viviendas".

Finalmente, ha detallado que en la provincia de Cádiz hay 76.009 viviendas en esa situación, según el censo de vivienda y población, 6.874 de ellas en la capital gaditana. Así, ha criticado que tengan ese "uso antisocial" cuando en Cádiz hay 6.526 demandantes de viviendas y más de 24.000 en toda la provincia.