"La Aduana de Cádiz hay que derribarla, sí o sí. Y el Gobierno debe ayudar"

El avance que, parece que por fin, se está imponiendo en el desarrollo del Plan Plaza de Sevilla, en Cádiz, con varios de los proyectos ya en ejecución o próximos a poner en marcha, se topa con un edificio que impide cerrar esta operación urbanística al cien por cien: la sede de la Aduana.

Objeto de polémica desde que hace 16 años, en 2009, la Junta aprobó la protección del edificio, tras la petición de un amplio colectivo ciudadano, evitando su demolición y, con ello, la recuperación de la fachada principal de la estación ferroviaria de 1905, apenas se ha logrado avanzar en la descatalogación del inmueble.

En 2014 la propia Junta asumió que había sido un error aprobar la protección de este edificio. Poco después el Ayuntamiento en pleno reclamó su demolición. Se abrió entonces un proceso administrativo con el que se suponía se iba a dar marcha atrás a esta protección y, así, facilitar este derribo.

Sin embargo, poco o nada ha avanzado la Junta en esta tramitación. Se reconoce que no es nada sencillo: donde antes se decía que era un edificio con valor histórico ahora hay que decir que no tiene valor alguno. Fuentes conocedoras de este proceso destacan que es un paso administrativo y legal complicado de dar. Todo, además, pendientes de sustentarse con nuevo informe de experto que avalen este cambio de opinión.

En todo caso, el gobierno de Bruno García tiene claro que esta operación hay que sacarla adelante. El alcalde, en declaraciones a este diario, es más que rotundo: “La Aduana hay que tirarla, sí o sí, y el Estado debe ayudar en este proyecto”.

Jugando con la hipótesis de que se logre la descatalogación del edificio, después hay que derribarlo y buscar nuevo acomodo a estas dependencias del Estado.

Buscando una nueva ubicación a la Aduana

Es el Ayuntamiento, según el convenio del Plan Plaza de Sevilla de 2008, el que debe afrontar el coste de la demolición. No sería una operación muy gravosa. El problema será construir un nuevo edificio, tanto porque hay que buscar una nueva ubicación como porque hay que pagar la obra. Y no será barata.

En lo primero, el Plan preveía reubicar este edificio, junto a la Casa del Mar (que también tiene que ser demolido), en uno de los solares de la Autoridad Portuaria que dan a la avenida de Astilleros y donde hoy hay un aparcamiento provisional de Emasa.

Sin embargo, en una reciente reunión mantenida con técnicos del Ministerio de Hacienda éstos rechazaron esta ubicación y la posibilidad de compartir edificio. A la vez, consideraron que se debía contar con un edificio de cierto nivel arquitectónico.

Aunque no se ha puesto sobre la mesa, siempre está la posibilidad de aprovechar la actual sede de la Subdelegación del Gobierno, que ocupa el antiguo edificio del Banco de España (junto al IES Columela) mientras que no se construye su nuevo complejo. Un edificio ideal tanto por sus características (dispone de una nave para guardar equipos, por ejemplo) como por el ahorro que supondría no levantar un inmueble de nueva planta.

Sí se puede tirar la nave trasera de la Aduana

En todo caso, que sea viable esta alternativa depende del Gobierno central. Por lo pronto, Bruno García confía en que el Estado “colabore” tanto en el proceso del derribo de la Aduana como la puesta en marcha de sus nuevas instalaciones, y no lo deje todo en manos del Ayuntamiento y de los vecinos de la ciudad.

La protección del edificio no afecta, sin embargo, a la nave trasera del mismo, vecina de la fachada principal de la estación histórica y que puede demolerse ya. Lo curioso es que ya había un dictamen de la Comisión de Patrimonio autorizando esta demolición que ha caducado al no ejecutarse. Ahora habrá que pedir otro dictamen para poder activar este proyecto.