Si en Cádiz ya es complicado sacar adelante proyectos urbanísticos, a veces la ciudad se lía con decisiones políticas que se fundamentan únicamente por cuestiones ideológicas y en el enfrentamiento entre administraciones, si éstas están gobernadas por colores políticos diferentes.

El Plan Plaza de Sevilla es el ejemplo más claro de este despropósito. En el primer Plan de Ordenación Urbana, fechado en 1984, hace casi cuarenta años, ya se trataba de la reordenación del suelo ferroviario. Con el tiempo, el diseño se fue redefiniendo y acabó con una operación ambiciosa que tenía su broche en el soterramiento de la vía del tren, la operación urbana de mayor calado en el último siglo en la capital.

El proyecto implicaba un cambio radical en el complejo ferroviario. Se elimina la estación construida en la década de los sesenta y se levantaba una nueva más potente, más moderna y con mayor capacidad. 

A la vez se planteaba la recuperación de la histórica terminal de 1905, que llevaba cuatro décadas funcionando como estacionamiento para los trenes que descansaban en la ciudad, así como la construcción de una gran zona verde a pie de la muralla de la Cuesta de las Calesas.

Todo se completaba con la ampliación de la plaza de Sevilla, eliminando los edificios de la Capitanía Marítima, la Casa del Mar y la Aduana Nueva. Este último caso permitiría recuperar la fachada principal de la estación centenaria. Por imposición de la Junta ya se había descartado la construcción de viviendas en la avenida de Astilleros.

El desarrollo de este Plan nos ha ido acompañando en estos años, décadas, en un desarrollo desesperadamente lento. Un tiempo perdido para Cádiz en todos los aspectos posibles.

Ahora parece, porque en este Plan todo "parece" antes de ser una realidad, que la actuación que está en manos de la iniciativa privada se reactiva, lo que nos permitirá en unos meses ver el inicio de la construcción del hotel sobre el edificio del vestíbulo, por parte de la cadena Barceló, y del centro gastronómico en la estación de 1905.

Lo que debe hacer el Ayuntamiento

Quedará lo público por hacer: construir la nueva avenida de Astilleros, levantar el parque de la muralla y reorganizar la plaza de Sevilla.

Si para todo ello hace falta dinero, mucho dinero, para ampliar la plaza queda por aprobar un tema espinoso: el derribo del edificio de la Aduana Nueva.

La Aduana fue el ariete que utilizó el PSOE, cuando gobernaba la Junta, contra el entonces gobierno municipal de Teófila Martínez.

El proyecto, consensuado por las administraciones local y regional, ya preveía la eliminación de este inmueble, levantado en 1959 con el típico diseño de los edificios públicos del primer franquismo.

Sin embargo, en 2009, en pleno conflicto Cádiz-Sevilla, el gobierno regional se apoyó en una campaña iniciada por un grupo de gaditanos que defendían la permanencia de la Aduana (y para ello habían conseguido más de tres mil firmas de apoyo), para proteger el edificio.

Así, la Junta incluyó la Aduana Nueva en el catálogo de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz.

De la noche a la mañana un elemento esencial en el Plan se eliminó, sin posibilidad de contestación. La permanencia afectaba, además, a los intereses de Adif que pronto comunicó que no podía asumir todo lo que debía financiar según el convenio de 2008.

La etapa de gestión en el Ayuntamiento de Martín Vila, como edil de Urbanismo, fue esencial para reordenar el trabajo, volviendo Adif a la senda del proyecto, aunque quedando pendiente el futuro de la Aduana.

En 2014, la Junta, tras la llegada de nuevos dirigentes más propensos al diálogo con el Ayuntamiento, asumió que mantener el edificio de la Aduana Nueva era una barbaridad para el perfecto desarrollo del Plan Plaza de Sevilla y constataron que había que dar marcha atrás a su protección.

De eso hace ya casi una década. La Aduana sigue en pie y metida en el catálogo de la Junta. El nuevo gobierno de Bruno García ha cogido el relevo en esta reclamación.

El último paso se dio en junio de 2021, cuando el pleno de la anterior Corporación trasladó a la administración regional su acuerdo para este cambio en el catálogo. Quedaba entonces todo en manos de la Junta, ya gobernada por el PP. Sin embargo, nada ha cambiado desde entonces.

El nuevo gobierno municipal del popular Bruno García, también está a la espera de la decisión de la Junta sobre este edificio. Si la descatalogación se alarga aún más en el tiempo, se llevaría al pleno de la Corporación para plantear una propuesta instando a la Junta a ejecutar esta medida.Otra cosa, no menos importante, será costear el derribo de este edificio y la construcción de una nueva Aduana, para la que se ha llegado a hablar del edificio del antiguo Banco de España.