El nuevo año no ha traído buenas nuevas para la Plataforma Veedor-Mentidero Peatonal que continúa sin recibir cita desde el Ayuntamiento de Cádiz para tratar posibles soluciones y alternativas a la decisión que el alcalde, Bruno García, tomó en Junta de Gobierno Local el pasado noviembre de despeatonalizar la calle Veedor y plaza del Mentidero.

"Estamos a la espera de que nos citen formalmente porque, como ya he dicho en alguna ocasión, existen unos cauces establecidos de participación municipal que son los que se tienen que emplear para que podamos tener esa ansiada reunión. El alcalde ha expresado públicamente su deseo de sentarse con nosotros y el concejal de Movilidad y Educación, José Manuel Verdulla, también creo que ha dicho que tenemos su teléfono para poder hablar, pero no creo que tengamos por qué llamar a un número privado, no es la manera, cuando nosotros le hemos pedido esa reunión formalmente y por escrito", defiende la portavoz de la entidad, María Gallego, en referencia a los diferentes documentos que desde finales de septiembre se han enviado al Consistorio de Cádiz, primero desde el AMPA del Colegio Carlos III, y, tras su creación, desde la Plataforma Veedor-Mentidero Peatonal, que aglutina diferentes asociaciones de la ciudad, AMPAs, vecinos a título particular y comerciantes del barrio.

De hecho, desde esta Plataforma se interpuso un recurso de reposición ("es decir, un documento en el que uno expresa que no se esté de acuerdo con una decisión tomada por el órgano gestor", precisa Gallego) el pasado 27 de diciembre contra la medida anunciada en Junta de Gobierno Local el pasado 3 de noviembre. Una decisión, la de abrir al tráfico motorizado el itinerario peatonal Veedor-Mentidero, que, como se apunta en el documento, "elimina un camino escolar seguro del colegio Carlos III y un eje de movilidad peatonal esencial para el barrio".

"La Plataforma entiende que la decisión es gravemente perjudicial para vecinos y vecinas de la zona y que no se ajusta a derecho" ya que contraviene "la Ley Orgánica de Educación, que establece que las Administraciones garantizarán los caminos escolares seguros y promoverán desplazamientos sostenibles en los diferentes ámbitos territoriales, como fuente de experiencia y aprendizaje vital". Además, suman, esta medida "contraviene la Ley de cambio climático y transición energética, que establece la obligación para los municipios de más de 50.000 habitantes de adoptar planes de movilidad urbana sostenible que incluyan “criterios específicos para mejorar la calidad del aire alrededor de centros escolares".

Como Gallego recuerda, también queda recogido en el recurso la negativa del Ayuntamiento de Cádiz a que la plataforma y entidades y personas que lo habían solicitado accedan al expediente administrativo en el que se justifica la despeatonalización decidida desde el Consistorio "vulnerando así el derecho a la tutela administrativa efectiva contemplado en la Constitución". "De hecho, en el recurso no podemos rebatir debidamente los motivos que han llevado al equipo de Gobierno a tomar esta decisión porque no nos dejan consultar este expediente", argumenta la portavoz de la plataforma que ha puesto el recurso en el que se vuelve a insistir en la entrega del expediente a los interesados "y la apertura de un nuevo periodo de alegaciones".