La tragedia de la pandemia del coronavirus dejó a la Universidad, entre otras cosas, un recorte en toda Andalucía de 135 millones de euros, agravando la situación económica de una institución que lleva años reclamando una mayor y más efectiva financiación por parte de la administración.

La Junta obliga a las universidades públicas de la región a detraer de los remanentes que cada una cuenta, producto de sus ahorros, esta cantidad para que sean invertidos, entre otras cuestiones, en diversos proyectos, todos con carácter de urgencia.

Este remanente es utilizado por las universidades para adelantar pagos y afrontar el gasto corriente, lo que garantiza su supervivencia diaria. La imposición de la Junta va a provocar que al menos tres universidades andaluzas se queden con un remanente por debajo de los 10 millones de euros, “lo que les pone en una situación de riesgo de sostenibilidad financiera”, advierte el rector de la UCA, Franco Piniella, en una conversación con este diario.

Piniella, que esta semana cumple su primer año al frente de la Universidad de Cádiz, teme que si no hay una involución en esta situación, el conjunto del sistema “llegue a un escenario sin liquidez”.

El ejemplo de Cádiz es evidente a la hora de explicar lo que supone este recorte. La UCA disponía de 53 millones de remanente financiero al comenzar el curso; cuando afronte las órdenes de la Junta puede quedarse en apenas 14 millones de euros, lo que le sitúa en una situación de riesgo.

Entre otras cuestiones, la Junta ha impuesto a las universidades que ejecuten un plan inversor de emergencia, que debe de desarrollarse este año a fin de que sólo genere déficit en este ejercicio, pero no en los siguientes.

El rector, en la sede de Diario de Cádiz.

"Las universidades hemos planteado la elaboración de planes al menos plurianuales, porque no se puede hacer todo lo que se pretende de aquí a diciembre".

La UCA tendrá que afrontar gastos cuantificados entre 18 y 20 millones de euros. "Lo que vamos a intentar es acelerar obras de mejora en los distintos campus. La mayor cuantía se destinará al aulario de Jerez, que se llevará unos 4 millones de euros, la biblioteca de Algeciras, así como seguir actuando en el edificio de Simón Bolívar y en el sede del rectorado en el Reina Sofía, en Cádiz".

Habrá también partidas para mejorar los equipos de teledocencia y para los servicios telemáticos.Pero el gran damnificado con el cierre de la cartera por parte de la Junta de Andalucía va a ser el proyecto de la nueva Facultad de Ciencias de la Educación, a ubicar en el antiguo Valcárcel.

Es sabido que desde la llegada del gobierno del PP-Cs se dejó claro que no iba a ser fácil que la UCA lograse financiación para este proyecto, pero las presiones ciudadanas y de instituciones públicas y privados abrieron una puerta a esta ayuda esencial.

Sin embargo, la crisis económica provocada por la pandemia ha dificultado de nuevo cualquier financiación regional. Incluso dirigentes del PP han planteado que "se utilice para este proyecto el remanente de la UCA", una reflexión que Francisco Piniella reconoce que "me ha molestado, aunque pienso que no sabía lo que decía".

Lo cierto es que el rector lo deja muy claro: la Universidad de Cádiz no tiene capacidad financiera para abordar un proyecto que supone una inversión al menos de 40 millones de euros, entre los 35 millones que puede costar la reforma y habilitación de Valcárcel y los 5 millones para las pistas deportivas, necesarias para Ciencias de la Educación, en los terrenos del Campo de las Balas. "Con nuestros ahorros no podemos", afirma Piniella que recuerda como en un pasado encuentro con Ana Mestre, delegada de la Junta en Cádiz "le dije que ellos tenían que liderar este proceso". Y recuerda también el rector que el anterior gobierno autonómico sí libró una partida económica incluida en los Presupuestos para elaborar el proyecto de la nueva Facultad.

Hay que tener también en cuenta que la Diputación cedió Valcárcel a la UCA con la condición de que antes de que pasasen cinco años desde la firma del convenio las obras tendrían que estar al menos iniciadas. Y el plazo termina a finales de 2022.

Con todo, el rector considera que la Junta tiene ahora la oportunidad de utilizar para este proyecto, de importancia económica para la UCA y para la propia ciudad de Cádiz y para la zona donde se ubica pendiente de una regeneración, "valcar".