Contratas a la fuga

Trabajando sin cobrar durante meses en la Inspección de Trabajo

  • A las limpiadoras de este organismo y de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz y Algeciras se les adeudan ya cuatro nóminas 

  • “Estamos totalmente indefensas”, lamentan cuatro de las afectadas

  • “Nos dijeron que no nos preocupásemos, que si surgían problemas había un fondo del que cobraríamos, pero no fue así”

Balcón de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz. Balcón de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz.

Balcón de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz. / D. C.

María Jesús lleva tres meses y veinte días trabajando sin cobrar ni un sólo euro en el organismo que debe velar por el cumplimiento de la legislación laboral y garantizar los derechos de los trabajadores. Ejerce de limpiadora en la Inspección de Trabajo de Cádiz y ya le adeudan cuatro nóminas desde noviembre del año pasado, incluida la extra de diciembre. En apenas diez días acumulará ya cinco. Lo lleva denunciando allí mismo desde que dejaron de pagarle.

De nueve a tres, Dolores mantiene en perfecto estado la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, donde las reuniones se suceden a lo largo de todas las mañanas. Trabajando en la institución que representa al Gobierno de España en la provincia, Ministerio de Trabajo incluido, a ella también le deben ya cuatro pagas. Y teme que sean cinco. De hecho, el Fogasa sólo les cubriría los cuatro primeros.

Después de unas navidades durísimas y cuando no dejan de llegar facturas a casa su compañera Rosario ya no puede pedir más dinero prestado. No porque no le haga falta, sino porque ya no podría devolverlo. Tampoco se atreve a aceptar que el médico le prescriba una baja: tiene miedo a perder el puesto. Y la oportunidad de cobrar algún día. Milagros está pasando por el mismo calvario. Sus salarios son de apenas mil euros por 38 horas a la semana.

María Jesús, Dolores, Rosario y Milagros son sólo cuatro de las once trabajadoras de las Subdelegaciones del Gobierno y de las Inspecciones de Trabajo en Cádiz y Algeciras que no cobran desde noviembre de 2019. Como sus compañeras de la Diputación, como las de la Junta en toda la comunidad, como las de decenas de Ayuntamientos de España, como las de la mismísima Comisión Nacional del Mercado de Valores en Madrid... Todas son empleadas de Tempo Facility Services SL, una empresa que se ha hecho con decenas de contratos públicos de limpieza en todo el país y que ha dejado en la estacada a centenares de familias. Su administrador único, Francisco Sánchez López hace semanas que desapareció sin dejar ni rastro ni en sus redes sociales.

Pero que sea Dolores, que hace de portavoz del colectivo, quien explique cómo ha ocurrido: “Trabajamos con Tempo desde marzo del año pasado y ya empezamos mal: Nunca apareció ningún responsable y comenzamos a trabajar con los uniformes de la firma saliente, Margon Colectividades”.

En julio ya nos dijeron que la paga extra no la podían pagar porque no había dinero. Finalmente nos la abonaron en tres veces. Pero en noviembre nos volvieron a decir que dejaban de pagarnos. A día de hoy nos adeudan noviembre, diciembre, la extra de diciembre, enero y muy pronto, febrero”.

Pero, ¿cómo es posible que tantas administraciones no se asegurasen de la solvencia de la adjudicataria? “Eso nos preguntamos. Creemos que licitan tan barato que cogen a unas empresas que no tienen liquidez y no pueden responder ni con materiales ni con salarios", explica Dolores. "Esto es el Estado y es complejo: Los presupuestos se cierran a primeros de diciembre. Y entonces ya nos debían noviembre. En diciembre ya no había dinero porque los presupuestos no se habían abierto. Pidieron a la empresa que se comprometieran a pagarnos, dijeron que sí, pero nada más ingresar el dinero, se lo ha embargado la Seguridad Social".

¿Y que les dicen los responsables de las dos instituciones? “He tenido conversaciones con el subdelegado, con el secretario y con el habilitado. Pero se lo han tomado de manera muy relajada. Ahora, cuando están viendo que los centros no se van a limpiar es cuando han empezado a preocuparse. Al subdelegado le pedí en octubre, por favor, si podía hacer algo. Y dijo que sí, que iba a intentarlo. Nos dijeron: No os preocupéis porque hay un fondo del que si hay problemas, vosotras vais a cobrar. Pero no ha sido así. Hasta ahora hemos estado calladas, no nos hemos manifestado y nos hemos limitado aponer la correspondiente denuncia ante la Inspección todos los meses, desde julio. Llevo veinte años en la Subdelegación y nunca había pasado nada ni parecido". 

Este periódico preguntó ayer a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, pero declinaron hacer declaraciones al respecto. “La concesión ha expirado, pero sólo se ha presentado una empresa y parece ser que no quiere hacerse cargo de nuestros atrasos y se ha retirado. Nos dicen que sólo nos queda la vía judicial, vamos, que lo solucionemos nosotras”.

“En Inspección, la concesión todavía estaría vigente un año y pico más”, comenta María Jesús. “Pero nos dicen que los trámites de rescisión del contrato tendrían que hacerse desde Madrid. Y que eso lleva su tiempo

“Creemos que la empresa tiene embargados sus ingresos por deudas con la Seguridad Social”, apuntan Rosario y Milagros. “Pero sospechamos que no han entrado en concurso de acreedores, sino que se han fugado con las ganancias”, comentan las cuatro. “Nos dicen que van a poner una empresa puente, pero no sabemos, porque lo mismo vamos al paro. Nos dicen que hay compromiso de subrogación, pero no sabemos. Y lo más probable es que perdamos también la paga de marzo y la proporcional de julio”.

¿Si estamos dispuestas ir a la huelga? “Somos muy poquitas y todavía no estamos todas de acuerdo. El hecho de venir aquí, al periódico, es para que se sepa lo que estamos sufriendo. Porque no se sabe nada. Estamos totalmente indefensas”, confiesa Dolores.

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