El derribo de la antigua residencia de Tiempo Libre y la venta de estos terrenos, propiedad de la Junta, para la construcción de un hotel por parte de la iniciativa privada, "es innegociable", según reiteró a Diario de Cádiz el delegado provincial de la Junta, Fernando López Gil.

No es la primera vez que la administración regional se manifiesta así; el problema es que el cambio en el PGOU, obligado para sacar adelante esta operación, no avanza al ritmo que era de esperar para esta administración y culpa de ello a quien es responsable de esta tramitación: el Ayuntamiento de Cádiz.

"No sé cómo se puede retrasar este procedimiento ante la necesidad que la ciudad tiene de empleo y de grandes centros hoteleros. Por lo menos, que el Ayuntamiento agilice esta parte del convenio que firmamos en su día (y que incluye otras operaciones en la ciudad), porque no podemos permitir que se pare y más cuando contamos con ofertas muy interesadas en sacar adelante el nuevo hotel", constata López Gil.

En el edificio de Tiempo Libre la Junta tiene un problema añadido. A finales de este año concluye la vigencia de los locales comerciales que funcionan en la planta baja. La idea de la Junta era no prorrogarlos ante la inminencia del derribo del edificio. Ahora, sin embargo, se teme dejar los locales vacíos y que se dilate en el tiempo el proceso administrativo; o todo lo contrario, que se opte por extender los contratos un año más y finalmente se concluya antes del fin de este periodo la modificación del PGOU).

El calculo de la Junta es que la modificación del PGOU se puede hacer en medio año. "Inmediatamente después lo sacaríamos a concurso", para evitar más pérdidas de tiempo, según López Gil.

Tiempo Libre forma parte de un convenio que la Junta firmó con el anterior gobierno del PP y en el que se incluían edificios y solares propiedad de la administración regional a fin de ponerlos en uso. Todo está parado aunque en algunos casos, como el Olivillo, ya se tiene dinero para su reforma y conversión en un centro de transferencia. En otros casos, la actuación prevista era la construcción de viviendas sociales, una de las grandes necesidades que tiene la ciudad.

Lamenta Fernando López Gil el silencio del alcalde, José María González, a la hora de sentarse con él para ver el desarrollo de este convenio y, también, analizar los proyectos de la Junta que en su día quedaron fuera, como el Hospital Regional o la Ciudad de la Justicia. En este último caso, se tiene sobre la mesa una serie de edificios considerados adecuados para dar cabida al complejo judicial.