Todos los juicios previstos en los Juzgados de San José de la capital gaditana hasta el próximo 5 de diciembre han quedado suspendidos. Así lo han acordado los magistrados de los Juzgados de Primera Instancia en Instrucción afectados por el cierre del edificio judicial sito en la Plaza de Los Balbos, clausurado hace una semana por el mal estado de sus instalaciones. 

En un comunicado remitido por el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, los ocho magistrados de Instancia en Instrucción de Cádiz aseguran que, ante la imposibilidad de desarrollar su función jurisdiccional en las circunstancias actuales, se ven abocados a suspender las actuaciones judiciales que estaban previstas en San José durante el periodo de tiempo comprendido entre el 21 de noviembre y el 5 de diciembre (inclusive), conforme al tiempo de cierre comunicado por la Junta de Andalucía.

Fuentes de la Junta de Andalucía han declarado a Europa Press que respetan la decisión adoptada por los jueces, ya que se debe a "una competencia organizativa" y han recordado que la administración andaluza ha puesto a disposición de los magistrados infraestructuras alternativas y los medios informáticos para que puedan desarrollar su labor "de manera normal".

La suspensión de las vistas orales en los Juzgados de Instrucción y Primera Instancia de Cádiz supone incrementar los retrasos que ya de por sí sufre la Administración de Justicia. Así pues, se verán afectados todos los juicios penales relativos a delitos leves, como amenazas, hurtos..., así como los procedimientos relacionados con familia, desamparos, tutelas, divorcios, incapacidades o reclamaciones de cantidad, entre otros asuntos.

Asimismo, la clausura de los Juzgados de San José afecta a las investigaciones penales en curso, pues las tomas de declaración a testigos, peritos o investigados no pueden realizarse por ahora. El cierre de la sede judicial, por tanto, tiene una mayor repercusión en la fase de instrucción de los distintos procedimientos penales, ya que la ley fija un límite de 12 meses para instruir, más una prórroga de otros seis meses previa solicitud.

El pasado 17 de noviembre la Junta de Andalucía comunicó el cierre del edificio San José por el mal estado del inmueble, que llegó a sufrir la presencia de roedores e insectos. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ya procedió tiempo atrás a apuntalar el sótano, que quedó condenado.

Ahora, de acuerdo con la Inspección de Trabajo y tras las repetidas denuncias del sindicato Staj, la Junta ha decidido desocupar el edificio mientras se ha encargado un estudio de afección, en colaboración con la Universidad de Cádiz, para conocer el estado real del inmueble.

La Consejería baraja varias opciones para resolver el problema ocasionado a los órganos judiciales ubicados en este espacio. De momento se ha habilitado en el estadio Nueva Mirandilla, donde ya funcionan otros órganos judiciales de la capital, un espacio para el Juzgado de Guardia, que está operativo en este emplazamiento desde el pasado lunes.

Críticas del PSOE

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, considera vergonzoso que los jueces hayan tenido que decidir suspender los juicios hasta el 5 de diciembre debido al cierre del edificio de San José ejecutado por la Junta y que afecta a ocho juzgados entre las sedes de Instancia e Instrucción.

Ruiz Boix lamenta "la parálisis provocada por la ineptitud de los titulares de la Consejería y la Delegación Territorial que no han sido capaces de tener prevista una situación que arrastraba desde hace tiempo y el no haber dispuesto con diligencia una alternativa a las instalaciones judiciales que se caen a pedazos. No hacía falta esperar a que lo estipulase un informe técnico, era algo evidente”, apostilla.

Asegura el dirigente socialista que exigirán en el Parlamento andaluz responsabilidades a la Consejería de Justicia “por haber provocado este caos en la Justicia gaditana” e insiste en que “no hay derecho a que el PP reste importancia a asuntos que afectan a la vida de las personas, usuarios de un servicio que ya de por sí sufre de retrasos continuos en el proceso por distintas causas”.

“Tendrían que haber buscado ya una alternativa y, sobre todo, una vez que se encarga el informe, requerirlo por la vía de urgencia, porque se está jugando con el derecho a la tutela judicial de la ciudadanía y haciendo perder el tiempo al trastocar la agenda de los operadores judiciales”, ha señalado para precisar que “a saber cuándo pueden volver a señalar todos los juicios que se han caído y arreglar el desbarajuste ocasionado”.