En junio de 2018 el Pleno estrenaba nuevo formato definido en el Reglamento de Organización Municipal que la Corporación se había dado tras meses de reuniones y la polémica y contrariedad -como no- de parte de la oposición (especialmente del Partido Popular, contrario a que se limitara el número de propuestas a presentar y el tiempo de las intervenciones de los portavoces, entre otras cuestiones). Un nuevo documento que pretendía corregir errores anteriores y dar a los plenos un nuevo formato más acorde a los tiempos. Pero en la sesión del pasado viernes, correspondiente al mes de noviembre, el ROM puso de manifiesto su primera carencia.

En concreto, la laguna surgió en el tramo final, cuando el Partido Popular quiso presentar una enmienda (de sustitución) a una propuesta presentada por el equipo de gobierno por la vía de urgencia. Algo que le fue denegado no por no estar permitido sino porque el ROM no contempla este escenario Se da la circunstancia de que las enmiendas tienen que presentarse (según establece el artículo 59.1 del citado ROM) “hasta veinticuatro horas antes del comienzo de la sesión plenaria”; sin embargo, las propuestas por la vía de urgencia (regidas en el artículo 33) pueden presentarse “en todo caso, antes del comienzo de la sesión ordinaria”.

Hasta la propia secretaria del Ayuntamiento reconoció en la sesión del viernes que “esa opción no la recoge el ROM”. “No tenemos regulación para eso”, reafirmó.

Esta laguna se suma a las denunciadas también por el concejal no adscrito, Domingo Villero, que imputa varias cuestiones a subsanar por el documento que se dios la Corporación en 2018. La principal de ellas la relativa a la “absoluta falta de medios” para desarrollar su labor. “El artículo 23 de la Constitución Española habla de la representación pública en igualdad de condiciones”, denuncia Villero, que añade que la falta de medios (asignación de asesores y de una partida económica para los concejales no adscritos) es fruto del pacto antitransfuguismo suscrito por los partidos políticos, “pero la Constitución está por encima de ese pacto”. “Hay sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que hablan de dotar de medios a los concejales no adscritos. Pero aquí no se quieren abordar esas cosas”, asegura el concejal, que confiesa ser “muy duro estar completamente solo” en su labor “mientras se están dando 45.000 euros mensuales por grupo y hay grupos, uno en concreto, con dos concejalas que tienen un asesor y un administrativo”.

Decía el alcalde en 2018 que el nuevo ROM nacía con vocación de “darle voz a la ciudadanía y que formen parte activa de los debates políticos”, además de para “ordenar los debates y darle calidad”. Objetivos más que cuestionables dos años y medio después. Y a eso se le une que el documento que vino a reemplazar la ‘vieja’ organización de los plenos y del funcionamiento en sí del Ayuntamiento presenta ya sus primeras lagunas y deficiencias.