El que fuera dueño y fundador de la empresa Quality Food, Manuel García Gallardo, ha sido detenido este martes en Sevilla. La Policía Nacional le acusa de un presunto delito de cohecho que está vinculado a la venta por parte de una de sus empresas de test Covid al Servicio Andaluz de Salud, en el que se podría haber saltado algunos procedimientos legales. Hasta el momento no han trascendido más detalles de esta actuación policial.

La detención se ha llevado a cabo por el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla. Cabe recordar que el delito de cohecho consiste en solicitar, ofrecer o aceptar regalos, favores o retribuciones a un funcionario público para que cometa una infracción administrativa en el ejercicio de su cargo. Es indiferente que el provecho sea propio o de un tercero.

El empresario isleño estaba prestando declaración mientras que la Policía Nacional sigue investigando el asunto.

Manuel García Gallardo volvió a la actualidad hace una semana cuando el Tribunal Supremo estimó un recurso de casación por el que se ordenaba que se repitiera el juicio que tuvo lugar en marzo de 2019 para las tres personas que fueron condenadas por la Audiencia Provincial en aquel entonces por el caso Quality Food, entre ellos el propio fundador de la empresa. 

Este juicio trató de valorar si en las operaciones que se habían llevado entre Quality Food y la Zona Franca, por la que esta se fue haciendo con la mayoría de las acciones, fueron legales y si se había producido un quebranto económico en las cuentas del Consorcio, que las acusaciones calculaban en 30 millones de euros.

Al empresario isleño se le impuso una pena de diez años de prisión que estaba dividida en cuatro años y el pago de una multa de 5.400 euros por un delito de estafa agravada en concurso medial con el de falsedad en documento mercantil. Otros tres años de prisión son por un delito de apropiación indebida en concurso real con otro de falsedad documental y el pago de una multa de 9.000 euros. El tribunal también estableció otros tres años y 8.400 euros de multa por apropiación indebida agravada. En total tendrá que abonar 22.800 euros en concepto de sanciones. Asimismo, Manuel García Gallardo tenía que indemnizar a la empresa y, por lo tanto, a la Zona Franca con 594.828,89 euros.

Sin embargo, todo esto ha sido anulado ya que el Tribunal Supremo entendía que la Audiencia Provincial tenía que haber aceptado una prueba pericial que presentó la defensa de Manuel García Gallardo y que, por lo tanto, el juicio se había llevado a cabo sin la correspondiente equidad.

García Gallardo siempre había defendido que el proceso contra él y las querellas que le había puesto la Zona Franca eran para alargar un proceso y que ésta no tenga que hacer frente al pago de 13,5 millones de euros que el Consorcio ha de abonar al empresario por la compra del cien por cien de las acciones y que fue determinado por el Juzgado de lo Mercantil. Según el fundador de Quality, en declaraciones a este periódico hace una semana, dijo que la cifra estaba ya por los 35 millones de euros con los intereses de demora.

En esa misma conversación con este periódico, dijo tras la sentencia del Tribunal Supremo que "estoy orgulloso del país en el que vivo porque la Justicia funciona".