En no pocas ocasiones se ha puesto sobre la mesa los problemas de un pleno municipal que vive demasiado pendiente de terceros; los eternos debates se suceden entre exigencias a administraciones ajenas al Ayuntamiento, cuando no de declaraciones institucionales que convierten a Cádiz en ciudad amiga de todo tipo de iniciativas y objetivos que luego no parecen tener ningún tipo de repercusión en la vida diaria. Ni siquiera el nuevo reglamento orgánico ha conseguido mejorar esta situación que se repite el último viernes de cada mes en el Salón de Plenos.

El de este último viernes de enero será un nuevo ejemplo de todo esto. El equipo de gobierno centra sus propuestas en reclamaciones y exigencias a otras administraciones, especialmente a la Junta de Andalucía. En concreto, de las cuatro propuestas que presenta el grupo Adelante Cádiz tres consisten en trasladar a la administración andaluza exigencias varias; y la cuarta deriva la exigencia a la Diputación Provincial.

Estas exigencias giran en torno a que la Junta desarrolle un anteproyecto de ley de tasa turística para permitir que los ayuntamientos establezcan una tasa turística que produciría unos ingresos “con el fin de mejorar la conservación del patrimonio histórico y la prestación de los servicios municipales afectados”; a que esta administración autonómica modifique la recientemente publicada convocatoria de Ciudades Amable, de la que Cádiz queda fuera por no poder volver a ser beneficiaria de esta financiación tras obtenerla en 2019 para la peatonalización de la Plaza de España; y a que Diputación mantenga en condiciones óptimas las instalaciones de la Institución Provincial Gaditana, que hace unos días fue visitada por representantes de Podemos (entre ellos la concejal de Enseñanza, Ana Fernández).

La última propuesta de Adelante Cádiz plantea declarar a la ciudad “libre de pin parental”, mostrando su rechazo a esta cuestión que ha sido objeto de polémica estos últimos días.

Al margen de estas propuestas, la labor propia como equipo de gobierno deriva en otras mociones que son fruto de la gestión municipal. En este bloque hay que encuadrar la propuesta para cambiar el PGOU con objeto de limitar la apertura de establecimientos de juego (conforme a una moción aprobada en enero de 2019 y que se ha venido tramitando desde entonces), la del desahucio del yacimiento de la Casa del Obispo (después de que el pleno de septiembre desestimara el último recurso presentado por Monumentos Alavista), o la de la aprobación definitiva de la ordenanza de circulación.

Por contra, en este orden del día de propuestas elevadas por el gobierno local y por Adelante Cádiz no aparece la aprobación del convenio de cesión de los terrenos de los depósitos de tabaco que están llamados a convertirse en futura Ciudad de la Justicia. Un trámite fundamental para que la Junta de Andalucía pueda empezar a desarrollar el trabajo y que en la administración autonómica esperan al menos desde el pasado mes de septiembre.

Hace varias semanas el equipo de gobierno trasladó que estaba ultimando la documentación para poder llevarla a este pleno. Pero finalmente, entre tantas instancias y amistades de Cádiz, la Ciudad de la Justicia tendrá que seguir esperando otro mes para iniciar la tramitación de un proyecto que tiene pendiente de ejecutar este año una partida de 622.904 euros.