El comité ejecutivo del PSOE aprobó ayer la suspensión cautelar de todos los órganos de representación que mantiene actualmente la concejal Marta Meléndez, como respuesta a la imputación de ésta en el caso del servicio de infraestructuras de la Delegación Provincial de Educación. Meléndez queda como una concejal sin cartera, sin ninguna responsabilidad ni trabajo asignado por esta formación en el Ayuntamiento de Cádiz. Deja así su representación en la Zona Franca, en Emasa, en el Instituto del Deporte, en el Consejo del Mayor y en comisiones informativas.

El máximo órgano de gobierno de los socialistas gaditanos convocó ayer a última hora de la tarde a todos los miembros de su grupo municipal. Se quería escuchar la versión de Marta Meléndez sobre este caso y sobre su imputación y, en base a ella, adoptar una serie de medidas.

Finalmente se decidió esta suspensión cautelar valorando que esta decisión podría modificarse, en un sentido o en otro, atendiendo a dos cuestiones: que la propia Meléndez recurra su imputación y que la Audiencia le dé la razón o que, por el contrario, ésta siga adelante e incluso la investigación judicial aporte nuevas pruebas de su actuación en el instituto público.

En el primero de los casos, la concejal podría volver a ocupar todos los cargos institucionales que ahora tiene. Sin embargo, si la imputación sigue adelante el comité ejecutivo pedirá a Marta Meléndez su acta de concejal, que consiguió en las elecciones de 2011 donde ella era la cabeza de lista del Partido Socialista.

El encuentro celebrado ayer en la sede socialista fue especialmente tenso. La concejal imputada volvió a defender su actuación en el departamento de la Delegación de Educación, de donde fue despedida recientemente; despido que ella considera nulo al vulnerar sus derechos fundamentales. Desde la semana pasada Meléndez ha optado por no hacer declaraciones a este diario. Ayer en el comité afirmó que no había recibido aún el auto de imputación y se negó a dar un paso atrás tal y como se le pidió de forma unánime desde la ejecutiva. Igualmente no aclaró si pensaba presentar un recurso a este auto.

Por su parte, Francisco González, portavoz del grupo municipal, defendió la adopción de esta medida como parte de la necesidad de "ser ejemplares en nuestra actuación interna". "Debemos ser coherentes y si pedimos al gobierno del PP que tome medidas contra sus miembros que están imputados por otros casos, nosotros debemos ser consecuentes y asumir esas mismas acciones disciplinarias". Se recuerda así casos como el de Ignacio Romaní, teniente de alcalde del PP, que tras una primera imputación en el caso Quality Food se le pidió que quedase en suspenso su participación en el comité ejecutivo de la Zona Franca hasta que se aclarase su situación judicial.

Esta decisión es la más radical que adopta el comité ejecutivo dentro de la gestión de su grupo municipal en la capital. Hay que retroceder a tiempos de la alcaldía de Carlos Díaz para repetir decisiones tan radicales, como pasó cuando varios ediles del PSOE votaron en contra de la consesión de la medalla de la ciudad a Tabacalera o cuando un grupo de concejales se enfrentarion al alcalde socialista en su última etapa de mandato, provocando una profunda crisis que culminó con la derrota electoral de 1995. Aunque en los últimos meses las divergencias de Meléndez con la dirección del PSOE han sido evidentes, no se han tomado medidas disciplinarias alguna. Ahora sí, cuando ha habido un auto judicial contra ella.