El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía tramita una denuncia presentada por el Partido Popular por la falta de información de la página de web de la empresa Eléctrica de Cádiz, mayoritariamente municipal. Según la reclamación de los populares, la página de Eléctrica de Cádiz, tanto de la comercializadora como de la suministradora, no cumpliría con los estándares obligados en la legislación sobre transparencia, información pública y buen gobierno; todo ello en medio de la tormenta desatada por la subida de los precios y por el agujero económico que han provocado las cuentas de 2021 y que ha derivado en una crisis política en el seno del equipo de gobierno.

“Ambas mercantiles, pese a ser sujetos obligados en materia de transparencia y buen gobierno no cumplen con varios, por no indicar todos, los requisitos establecidos en las legislaciones”, indican los populares en la denuncia, que ha sido admitida a trámite por este organismo autonómico. Así, explican que las dos webs de Eléctrica (comercializadora.electricadecadiz.es y distribuidora.electricadecadiz.es) “no cuentan con un Portal de Transparencia para dar cobertura a la publicación de determinados documentos, ni cuenta con mecanismo que faciliten a los ciudadanos consultas y registros de acceso a la información pública”; es decir, que incumplen el precepto de publicidad activa, por el que tendrían que publicar “de forma periódica, veraz, objetiva y actualizada la información pública cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad”. Algo que según recuerda la denuncia debería hacerse al menos trimestralmente, según la legislación actual.

Según expone el PP en su denuncia, estas webs de Eléctrica excluyen una serie de apartados relacionados con la información institucional y organizativa que deberían aparecer. Tales como las funciones que desarrollan las empresas; la normativa que les sea de aplicación, en particular sus estatutos y normas de organización y funcionamiento; su estructura organizativa; la sede física, horarios de atención al público, teléfono y dirección de correo electrónico; la relación de órganos colegiados adscritos y normas por las que se rigen; las relaciones de puestos de trabajo del personal, con indicación de sus retribuciones anuales; los acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes; la oferta pública de empleo u otro instrumento similar; los procesos de selección del personal; la identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del personal; o el número de personas que gozan de dispensa total de asistencia al trabajo.

Tampoco informan las webs, como según el PP debieran, de la identificación de los altos cargos, las retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente por estos altos cargos y por las personas que ejerzan la máxima responsabilidad en las entidades, las indemnizaciones percibidas por cese en el cargo, las declaraciones de actividades, bienes, intereses y retribuciones de estos altos cargos, y las declaraciones anuales de bienes y actividades de las personas representantes locales.

De igual modo señala el PP la ausencia de información sobre las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos; las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos con ocasión de la publicidad de los mismos; los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación; la relación actualizada de las normas que estén en curso, indicando su objeto y estado de tramitación; o el catálogo actualizado de los procedimientos administrativos de su competencia.

En materia económica y de contratos, se denuncia la inexistencia de publicación sobre los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera; las cuentas anuales con los preceptivos informes de auditoría de cuentas y de fiscalización; el gasto público de las campañas de publicidad institucional; los contratos que suscriben las dos sociedades en que se divide Eléctrica; los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, personas obligadas a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas; las encomiendas de gestión; y las subvenciones y ayudas públicas concedidas.

En resumen, el PP gaditano achaca a Eléctrica el incumplimiento de hasta una decena de artículos de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, por lo que ha reclamado la intervención del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que ya tramita estas reclamaciones.