Una resolución en la mesa del Ayuntamiento, instando a volver a revisar la oferta que por dos veces ya han analizado los técnicos municipales, aprobándola la primera vez y suspendiéndola luego. Y dos opciones en las manos del equipo de gobierno: acatar la resolución, y volver a hacer números; o recurrir lo dictaminado por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Este es el escenario actual que tiene el Ayuntamiento respecto a la tramitación del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de basuras de la ciudad. Y el anuncio realizado el lunes por el equipo de gobierno de plantear recurso al TSJA puede suponer la paralización del proceso durante varios años.

“Esta resolución es definitiva en vía administrativa y contra la misma sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación”, especifica el Tribunal de Contratación Pública en la resolución publicada el lunes. Es decir, que la vía de este organismo de Diputación queda ya cerrada, abriendo a partir de ahí un nuevo escenario en esta tramitación.

Cádiz tiene, precisamente vinculado al servicio de limpieza, el antecedente más próximo a un proceso de adjudicación elevado al TSJA en 2006, cuando precisamente fue contratado el servicio a la actual Sufi Cointer. Las empresas que no resultaron adjudicatarias decidieron recurrir entonces a la vía contencioso-administrativa, que no emitió el fallo definitivo hasta el año 2010. Es decir, cuatro años después de que se adjudicara a Sufi Cointer.

En el caso actual hay, además, un matiz importante que juega contra los intereses del Ayuntamiento; elevar recurso al TSJA implicaría la paralización del proceso hasta tener la resolución judicial requerida. Es decir, el Ayuntamiento no puede seguir adelante con la contratación de Acciona mientras espera dictamen del TSJA, puesto que la resolución recurrida seguiría siendo firme hasta que se pronunciara el juzgado de índole superior.

La única posibilidad de modificar este escenario, según juristas consultados por este medio, sería solicitar una medida cautelar que permitiera confirmar la adjudicación a Acciona y empezar a prestar el nuevo servicio de limpieza, a la espera de la resolución final del TSJA. Un escenario que se plantea como imposible.

Además, surgen dudas respecto a la capacidad legal del equipo de gobierno en particular tomando una decisión -la de recurrir al TSJA, y la de pedir esa medida cautelar- respecto a un servicio cuyo órgano de contratación es el Pleno del Ayuntamiento y cuyo órgano de tramitación, por decirlo de algún modo, es la mesa de contratación que funciona al efecto y de la que forman parte representaciones de los tres grupos de la oposición.

En este sentido, conviene tener en cuenta que toda la oposición ha puesto el acento en el largo retraso que supondría acudir ahora a la vía del TSJA, una opción que dejaría prácticamente descartado que antes de las elecciones de mayo de 2023 estuviera en marcha el nuevo servicio de limpieza.