El Ayuntamiento de Cádiz no ha dado marcha atrás en el recorte de mesas que impone la aplicación de la nueva ordenanza de terrazas en la calle de La Palma, en el barrio de La Viña, pese a que el alcalde, José María González, Kichi, se comprometió a elaborar en persona un plan que permitiese una solución consensuada con los afectados, dentro de la nueva normativa. Una decisión que acarreó una crisis interna en el Equipo de Gobierno, donde desde Ganar Cádiz se entendió que el regidor gaditano desautorizaba al concejal de Vía Pública, Movilidad y Urbanismo, Martín Vila, principal impulsor de la polémica nueva ordenación de las concesiones de uso del espacio público a bares y restaurantes.

Todos los hosteleros de la calle viñera han sido ya notificados en los últimos días de cuál es el número de mesas que tienen concedidas y dentro de qué límites las pueden montar, de manera que la mayoría pierden la mitad y algunos, dos tercios de sus mesas, hasta el punto de que se quedan con dos, volvieron a denunciar algunos de ellos a este periódico. Los afectados insistieron en argumentar que con este recorte la mayoría de los negocios se convierten en inviables y en que la primera consecuencia es la pérdida de muchos puestos de trabajo.

La intención de intervención directa del alcalde generó cierta esperanza entre los afectados, pero lo cierto es que el regidor no se ha reunido todavía con ellos (dio positivo en Covid hace casi una semana y permanece confinado en su domicilio) y que el Ayuntamiento de Cádiz continúa con los trámites administrativos que requiere la aplicación de la normativa.

El martes volvieron a reunirse los hosteleros con el presidente del Grupo Municipal del PP, Juan José Ortiz, el primero de los ediles que les escuchó, y dos de sus concejales, Nuria Alvárez y José Carlos Teruel. Ya lo hicieron también con el edil del PSOE, Óscar Torres. En los próximos días tienen previsto entrevistarse con la concejala de Ciudadanos, Lucrecia Valverde, y con el edil no adscrito, Domingo Villero. Ortiz les aseguró que propondrá en el próximo pleno una moratoria de la aplicción de la ordenanza.

Uno de estos establecimientos, el Mesón Criollo, que disfrutaba de casi treinta mesas desde que abrió hace 25 años, tendrá que reducir en siete u ocho trabajadores una plantilla que alcanza los 23 en los meses de julio, agosto y septiembre, lamentó en declaraciones a este periódico su propietario, Rodolfo Moreno. "Tenemos un comedor interior, pero con esto de la pandemia nadie quiere sentarse dentro y ya perdimos muchos comensales a raíz de la ley antitabaco", añade el hostelero gaditano-argentino.

El caso del Bar de Antonio, el del Palillo, es todavía más sangrante porque sus 24 mesas se quedarán reducidas a tan sólo 6, de manera que de un personal que llegaba a los 12 empleados en verano sólo podrá mantener a tres. Eso, después de haber hecho una importante y necesaria inversión en la ampliación de la cocina que ha reducido todavía más el mínúsculo salón del que dispone, explica su gerente Antonio Paúl Díaz, que cifra en un 80% la caída de las ventas. "No entiendo por qué no podemos montar mesas en los laterales si tenemos permiso de los vecinos"", se plantea el hostelero.

“Nosotros, entre semana, ponemos ocho o diez mesas y los fines de semana, unas treinta, todas declarada, explicó a este periódico José Luis Cepillo, gerente del restaurante La Dorada. “Con la nueva ordenanza, la terraza se nos queda en ocho o diez mesitas. Y eso contando con las del local de enfrente. Aquí todos vivimos de las terrazas. Y con sólo diez mesas esto es inviable, es imposible sobrevivir porque tendría más gastos que ingresos. Los locales aquí no son precisamente baratos. Y ahora mismo somos cuatro trabajadores de lunes a viernes y tres personas más los fines de semana. Lógicamente, con menos de la mitad de mesas, no podremos mantener ni la mitad del personal”.

“Yo pierdo más de la mitad de las mesas y me dejan con tres nada más. Esto es totalmente inviable”, lamentaba Vicente Fernández, gerente del Mesón El palmito, un pequeñísmo local cuya supervivencia depende claramente de la terraza. “Es como si el Ayuntamiento nos hubiese dado una licencia de cierre. Y aquí somos cinco ahora trabajando. Desgraciadamente, la mitad se van a quedar sin empleo. Parece que están dispuestos a escucharnos, pero si no llegamos a una solución tendré que cerrar”.

Juancho Ortiz mostró ayer su sorpresa por estas notificaciones que, según indicó, confirma “el engaño de la coalición Kichi-Vila: ni reunión ni solución, mesas fuera y negocios que tendrán que cerrar según nos cuentan los propios hosteleros porque es absolutamente inviable mantener el bar abierto con la facturación que les va a quedar. Y lo peor es el engaño, porque todos dimos un margen de actuación al alcalde cuando anunció que lo solucionaría, y por eso no presentamos una moción al Pleno del pasado viernes”.

El concejal popular reiteró -una vez conocida la intención municipal de seguir adelante con la retirada de mesas- el anuncio de proponer una moratoria de la ordenanza. Juancho señaló que “lo que está ocurriendo con este asunto no puede deberse más que a un engaño a los hosteleros o a una descoordinación absoluta entre Alcaldía y Urbanismo. Sea como sea lo que no vamos a dejar pasar es otro pleno. Presentaremos una propuesta para que incluso el alcalde pueda votar a favor de una moratoria de esta ordenanza que va a condenar al paro a cientos de gaditanos”.

El Grupo Popular entiende que el nuevo portavoz socialista, Óscar Torres, que ha mostrado su preocupación por la pérdida del empleo con la aplicación de una ordenanza “que apoyaron como hacen siempre que Kichi da la orden de atenerse a la disciplina del pacto, tiene ahora la oportunidad de arreglar -al menos en parte- el desaguisado que han provocado entre todos. Es tan fácil como apoyar la propuesta de una moratoria que otorgue al sector y al ayuntamiento el tiempo necesario para modificar los aspectos más lesivos con el empleo de la norma dictada por los círculos más radicales de Ganar Cádiz y los anticapitalistas”.

Juancho Ortiz concluyó pidiendo a Kichi que se ponga manos a la obra y deje los anuncios demagógicos; “no se trata de la Palma solo, es toda la ciudad la que está afectada por la persecución de Vila y los suyos. No tiene sentido alguno que todo Cádiz tenga que sufrir las consecuencias de unas decisiones que toman cuatro radicales de colectivos afines a los anticapitalistas. Se está jugando con el pan de la gente y lo menos que debe hacer el Equipo de Gobierno es darles voz para que participen ellos, y no los radicales, en las acciones de las que depende su futuro”.