La Junta de Andalucía tiene intención de retomar una iniciativa que resultó frustrada por falta de consenso político. El reto era y vuelve a ser unir en una misma ruta turístico-cultural todos los equipamientos relacionados con el Bicentenario y que se encuentran dispersos por varias localidades de la provincia, además de infrautilizados en algunos casos.

La idea que el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, defendió en el año 2012 consistía en aglutinar en una misma oferta castillos, iglesias, centros de interpretación y otros recintos vinculados al Doce, con objeto de crear un itinerario común que los potenciase y les otorgase una mayor proyección. En definitiva, perpetuar el legado de La Pepa.

Pero en ese momento, los ayuntamientos de Cádiz, San Fernando y Puerto Real, la Administración General del Estado, la Diputación Provincial y el Obispado de Cádiz y Ceuta prefirieron trabajar cada uno por su cuenta, por lo que no llegaron a firmar el protocolo general elaborado por la Junta para convertir el legado de 1812 en un potente elemento de atracción turística y de actividad económica y empleo. En dicho protocolo se incluían los inmuebles del Castillo de San Sebastián, el Centro de Interpretación de la Constitución de 1812 (anexo al Oratorio de San Felipe Neri), el Castillo de Sancti Petri, el Centro de Interpretación del Parlamentarismo, el Real Carenero y las fortificaciones del Puente Suazo, la Casa de Iberoamérica y el propio Oratorio.

Ahora que se ha producido un cambio de 'color' en algunas de las administraciones mencionadas, la Junta de Andalucía vuelve a apostar por ese proyecto común, pues defiende que la única forma de poner en valor enclaves como el Oratorio es mediante una estrategia conjunta que permita al visitante conocer todo el patrimonio del Bicentenario a través de un itinerario marcado.

En este punto hay que recordar que el 31 de diciembre de 2012, concluidos ya los actos del Doce, el Oratorio volvió a manos del Obispado y no permitió la continuidad de una de las iniciativas más potentes y atractivas de las que se desarrollaron ese año: las proyecciones dedicadas al Doce en el interior del Oratorio. El espectacular audiovisual con técnica video-maping proyectaba sobre la bóveda del edificio una escenificación histórica a la vez que se explicaba todo el contexto histórico que rodeó la promulgación de la Constitución de 1812.

La negación por parte del Obispado ha perjudicado notablemente al Centro de Interpretación, pues sin la proyección ha perdido atractivo. Así lo demuestran los datos sobre las visitas. En apenas dos años (de 2012 a 2014) se redujeron nada menos que un 87%. En los diez primeros meses del pasado año se registraron 6.943 visitas. Este año, en esos mismos meses, se ha producido un repunte, contabilizándose 8.219. Pero la cifra queda muy lejos de la que se alcanzó entre abril y diciembre de 2013, cuando se proyectaba el audiovisual. Entonces lo visitaron 52.164 personas.

La Administración andaluza ha sacado a licitación el Centro de Interpretación en dos ocasiones para su explotación por parte del sector turístico, pero han quedado desiertos los dos intentos. Y por el momento no hay previsto realizar un nuevo trámite.

La falta de colaboración por parte del Obispado para permitir la realización de una visita completa tanto al Centro de Interpretación como al Oratorio dificulta la operación. El Gobierno andaluz tiene los derechos de las imágenes y el material técnico para las proyecciones, pero no el espacio. Y hay que recordar que la inversión total que realizó la Administración autonómica en la rehabilitación del Oratorio y de su edificio anexo superó los 7,8 millones de euros.

Según el delegado del Gobierno de la Junta, en reiteradas ocasiones se ha intentado firmar con el Obispado un nuevo convenio para mantener el audiovisual, pero hasta el momento no ha sido posible.

Y tampoco dieron pasos adelante el resto de administraciones que tienen competencia en el Patrimonio del Doce.

No obstante, la Junta tiene intención de volver a sentarse con ellas para lograr este proyecto común que revalorizaría esos equipamientos y, por ende, beneficiaría y generaría riqueza en las localidades en las que se ubican.