Horeca denuncia ante Hacienda los alquileres turísticos ilegales

La Federación de Empresarios de Hostelería de la Provincia de Cádiz (HORECA), ha iniciado una campaña contra los alquileres turísticos ilegales. Desde la patronal hostelera se quiere perseguir el fraude que suponen las viviendas o habitaciones vacacionales que no declaran sus gastos a la Agencia Tributaria. Así lo ha confirmado a este periódico Antonio de María Ceballos, quien afirma que "Horeca ha denunciado la práctica de las personas que alquilan sus viviendas o alguna de sus habitaciones a turistas que vienen a pasar unos días a Cádiz y que se anuncian a través de Internet en diversas páginas web creadas para este fin. Que sepan que Hacienda les está siguiendo la pista".

Según el presidente de la patronal hostelera, "es una actividad de la economía sumergida en la que se ofrece hospedaje bajo la forma de producto turístico, porque además del alojamiento se pone a disposición del visitante rutas, alquiler de bicicletas, comidas, etc. Esto es una burrada absoluta", señala indignado.

Antonio de María explica que "la ley dice que si se demuestra que estas prácticas ilegales se llevan a cabo de manera habitual, la sanción puede ser de hasta 30.000 euros". Además quiere realizar "un aviso y un recordatorio para la persona que alquila su vivienda de esta manera, para que sepa que infringe la ley y que debe regularizar su situación".

En relación con este tema, Horeca se ha reunido con el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía para consensuar una ley que exija que las pernoctaciones de menos de 15 días se hagan obligatoriamente en un alojamiento turístico oficial. Para Antonio de María es fundamental aunar criterios en este requisito, "porque un señor que se queda con motivo de una visita a la ciudad en uno de estos apartamentos o habitaciones está fastidiando a los hoteles y apartamentos turísticos legales. Al sector le afecta muchísimo económicamente".

El presidente de la patronal cree que estos anuncios "están creciendo exponencialmente y tiene más repercusión aparte de la económica. Cuando el extranjero llega a Cádiz piensa que ese alojamiento y los servicios que les ofrecen son lo normal, lo que puede encontrar cualquiera que venga aquí, y eso puede influir negativamente en próximas visitas. Es un daño económico y a la imagen corporativa y hospitalaria de la ciudad", sentencia.

Ceballos quiere dejar claro que no van contra el alquiler urbano prolongado, "que tiene que existir siempre, como en cualquier otro sitio, sino contra aquellos que pintan estos alquileres de manera turística y además anuncian otros servicios que no están capacitados para prestar".

Por ello considera que esta actividad debe ser perseguida, no sólo por la Agencia Tributaria, también por las administraciones pertinentes. Al hilo de esto, afirma que "tenemos quejas del consejero de Turismo sobre que hay más turistas en Andalucía, pero no más empleo. Le respondería que si se pudiera controlar mejor esta oferta de la economía sumergida, se podría recuperar esta actividad económica legal".