La desaparición para el próximo curso del colegio público Adolfo de Castro, de Cádiz, y su integración en el CEIP Fermín Salvochea, es para la Flampa Gades “una consecuencia directa de las políticas de apoyo y blindaje de los conciertos educativos con empresas privadas llevada a cabo por la Junta de Andalucía”.

Esta federación que agrupa a las asociaciones de padres y madres de los colegios públicos de la capital lamenta que la Delegada Territorial de Educación, Isabel Paredes, alabe el proceso llevado a cabo y la decisión de integración de los colegios Adolfo de Castro y Fermín Salvochea, “pero sea incapaz de hacer autocrítica y reconocer el fracaso de gestión por parte de su Consejería que representa el cierre del Adolfo de Castro. Y esta ausencia de un análisis crítico hace temer que no se tomarán las acciones necesarias para evitar futuros cierres de colegios públicos”.

Para la Flampa, “el mecanismo que está provocando el cierre de colegios públicos es sencillo pero eficaz y consiste en crear una sobreoferta educativa, muy por encima de la demanda debida a la natalidad, y utilizar solo la red pública para ajustar dicha sobreoferta una vez concluido el proceso de escolarización cada curso. Así, la oferta pública de unidades en Educación Infantil 3 años en la red pública se va reduciendo curso tras curso. Mientras que la oferta privada concertada crece de forma relativa. Y cuando un colegio público no tiene más unidades que reducir, se cierra. Con esta fórmula en las últimas décadas ya han cerrado una decena de centros públicos en Cádiz capital”.

Esta “estrategia” de la Junta de Andalucía está conduciendo la escolarización obligatoria en la ciudad de Cádiz a “una situación crítica”. “La educación obligatoria está pasando a ser controlada por empresas privadas. Con ello la educación pasa de concebirse como un derecho fundamental y un servicio público esencial a entenderse como un producto y un negocio”.

La consecuencia más grave de este modelo, según la Flampa gaditana, es que “está provocando una profunda segregación social por motivos económicos, religiosos, de origen y de necesidades educativas especiales, de la que alertan a nuestro país desde hace años organismos internacionales y que tiene en nuestra ciudad una muestra devastadora: más del 90% del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se concentra en la red pública, que solo tiene un 30% de la escolarización total. Esto supone una concentración más de 20 veces mayor de este alumnado en la escuela pública que en la privada concertada. Lo que demuestra que los centros privados concertados no ofertan un servicio público, sino segregación y vulneración de la igualdad de oportunidades”.

Recuerdan las asociaciones de padres que la concertada nació para ser “subsidiaria” de la pública, pero la realidad hoy en día es “muy diferente”. Garantizar el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades en el acceso a ese derecho requiere “recuperar paulatinamente el protagonismo de la escuela pública y la progresiva eliminación de los conciertos educativos. Para ello, dado que la sobreoferta de plazas privadas concertadas es la principal causa de pérdida de escolarización de los colegios públicos, es imprescindible ajustar dicha oferta, reduciéndola a las necesidades reales de escolarización, tal y como establece la normativa de conciertos”.

Por ello, Flampa Gades concluye exigiendo a la Consejería competente en Educación que, como medida inmediata para el próximo curso 24-25, “ningún centro educativo privado concertado pueda ofertar más de una unidad de Educación Infantil de 3 años”. Flampa Gades considera esta “una medida transitoria mínima” hasta la revisión de los conciertos en educación infantil que se producirá para el curso 25-26, y en la que solo deberán establecerse conciertos en el caso de que la red pública no pueda satisfacer completamente las necesidades de escolarización de alumnado de 3 años.