La investigación que la Fiscalía está realizando sobre la actuación de Kichi y parte de su equipo al frente del Ayuntamiento de Cádiz tiene varias aristas pendientes aún de resolver, o de que un juzgado decida sobre ellas. La causa principal que va a llevar al ex alcalde a declarar como investigado junto a tres de sus concejales y al que fuera su asesor de gabinete es el papel que jugó un asesor externo que trajeron de Madrid y que sin relación formal alguna con el Ayuntamiento estuvo dando órdenes a funcionarios y modificando pliegos de contratación; pero unido a esto, en la investigación que desde 2021 mantiene abierta Fiscalía cobra relevancia, por las dudas que genera, la incorporación de este asesor (Fernando García Acuña) a la plantilla municipal.

Apenas cinco meses de contacto con el Ayuntamiento bastaron a este miembro de Podemos para terminar encontrando plaza como Técnico de la Administración General en base a un controvertido proceso que derivó incluso en la baja médica de una funcionaria que estaba en el octavo mes de embarazo por las presiones recibidas para facilitar la vía de acceso de este asesor ajeno al Consistorio.

Los hechos quedan expuestos en el informe de la Fiscalía y en la investigación que al respecto ha estado realizando la Udef. Todo ello en base a la denuncia inicial del sindicato CCOO, que ya consideraba que “todo el interés del equipo de gobierno era que el señor Acuña fuera personal del Ayuntamiento de Cádiz”.

Así, en octubre de 2018 convoca el Ayuntamiento procedimiento para crear una bolsa de técnicos para el área de Contratación; y con ocasión de la existencia de una vacante en este departamento, se realiza la tramitación oportuna para la incorporación del primer clasificado de la bolsa. Y aquí es donde empiezan las controversias. Según la investigación de la Udef, en esas fechas (inicios de 2019) la entonces responsable de Contratación es llamada a una reunión “en uno de los salones del Ayuntamiento en presencia del jefe de Gabinete del alcalde (José Vicente Barcia), el jefe de Personal (José Antonio Rosado) y el concejal de Hacienda y Personal (David Navarro)”.

El objeto de esa reunión es plantear a la responsable de Contratación la ampliación de las plazas a cubrir; de una que había salido a concurso, a tres que de repente pretendía el Ayuntamiento, para lo que era necesario que esta funcionaria debía confeccionar nuevos programas que justificaran la incorporación de dos funcionarios más de lo previsto “y por extensión firmar y asumir la responsabilidad sobre los mismos, a pesar de la existencia de una sola vacante en la convocatoria inicial”, llama la atención la Policía. Todo ello cuando apenas semanas antes la funcionaria había planteado en Personal ampliar las plazas de una a dos, “a lo que el jefe de Personal comunicó que no era posible dado que presupuestariamente no se podía asumir ese dispendio salarial”, refleja el informe.

La negativa de la funcionaria a acceder a esta propuesta lanzada por el entorno de Kichi de ampliar repentinamente las plazas de 1 a 3 -“decisión contradictoria” del Ayuntamiento, considera la investigación- derivó en una presión constante que se alargó durante una semana, hasta que “el contexto, la situación de ansiedad y su estado de gestación (de ocho meses)” provocó la baja médica. Circunstancia que, de hecho, aprovecharía el equipo del ex alcalde para proceder a la ampliación de esas plazas (de la única que estaba prevista inicialmente a las tres que finalmente se publicaron). Y la tercera de esas plazas iría a Fernando García Acuña, ese asesor llegado apenas unos meses antes de Madrid que conseguía así acceder a la plantilla municipal, aunque fuera de manera provisional por un período de un año.

“Es relevante recordar que Fernando García Acuña se encontraba inicialmente fuera de las plazas que iban a ser convocadas en primera instancia, dada la posición que ocupaba en la bolsa de trabajo; si bien gracias al aumento de la oferta en el número de puestos de trabajo en el último momento, el referenciado logró optar a una plaza”, refleja la Udef en su informe.

La investigación relata cómo el primer año de contrato este asesor estuvo encargado de los contratos de la Edusi (especificando la documentación incluso los contratos que debían pasar por sus manos, algunos de los cuales no han llegado a ejecutarse después de finalizar el período de este programa de inversiones europeo). Ese contrato inicial sería luego prorrogado por dos años más, con ocasión del plan anual de Contratación (de 2020 y de 2021). Y en 2022, en otro proceso no muy claro, este asesor de Podemos pasaría a formar parte de la plantilla del Ifef, donde ya se mantuvo hasta marcharse como asesor de la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Esther Gil, en octubre del pasado año.

Pero por si el acceso a la plantilla municipal no llamara la atención lo suficiente tanto al sindicato CCOO como a los responsables de la investigación policial y fiscal, también se refleja el detonante que supuso la destitución definitiva de la funcionaria responsable del área de Contratación también como Secretaria General del Ayuntamiento. Así, tras la ampliación durante su baja por enfermedad y la posterior maternidad de las plazas de Contratación de una a tres, la funcionaria se negaría posteriormente a firmar la renovación de García Acuña en los programas de Contratación. Extremo que motivó la pérdida de confianza y su cese como secretaria general del Ayuntamiento, pasando a ocupar una plaza de mucho menor nivel que el de la cualificación de esta técnico, que desde entonces percibe 9.000 euros menos de salario y ha descendido tres niveles laborales en su escalafón (del 30 al 27).