Cádiz

Fiscalía denuncia a tres ex vicerrectores de la UCA por el caso de las tarjetas

  • Atribuye delitos individuales de malversación, estafa y falsedad al anterior adjunto al rector y a los vicerrectores de Investigación y Posgrado El asunto, en manos de los jueces

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El caso del uso supuestamente fraudulento y para gastos personales de tarjetas corporativas de la Universidad de Cádiz ha llegado a los tribunales. La Fiscalía de Cádiz ha denunciado por los supuestos delitos de estafa, malversación y falsedad de documento a tres antiguos miembros del equipo rectoral de Diego Sales. El caso, ya judicializado, se trata de tres denuncias personalizadas por lo que es de suponer que se habrá adjudicado a tres juzgados diferentes. Todo esto, porque la Fiscalía entiende que la actuación de estas tres personas no suponía ningún tipo de trama ni acuerdo entre ellos para cometer los presuntos delitos, sino que se trataría de infracciones individuales.

La denuncia de la Fiscalía se refiere a las personas que se conocen en el mundillo universitario como "los tres Pacos", es decir: el que fuera vicerrector adjunto al rector , Francisco de Asís Álvarez González; el antiguo vicerrector de Investigación en el tiempo en el que sucedieron los hechos denunciados, Francisco Antonio Macías; y el ex vicerrector de Posgrado, Francisco López Aguayo. Se trata de tres casos parecidos, aunque diferentes. Sin que este periódico haya podido precisar a quién se refiere cada una de las atribuciones, sí se puede decir que uno de ellos está señalado como posible autor de un delito de malversación, al tener a su cargo la administración de fondos, mientras que a los otros dos se les atribuye el de estafa, puesto que habrían presentado facturas irregulares.

A los tres les tocaría responder además, en el caso de que la denuncia del fiscal fuera adelante, por el delito de falsedad de documento público. La Fiscalía abrió hace unos meses diligencias informativas sobre este caso después de que varios ciudadanos proporcionaran documentación sobre este caso, basadas fundamentalmente en las informaciones publicadas por Diario de Cádiz y todos los periódicos del Grupo Joly sobre lo que en su día se vivió como un auténtico escándalo en los ambientes universitarios. Tras la apertura de esas diligencias, y a la vista de que los trámites estaban tardando, el Ministerio Público decidió judicializar el caso, es decir, enviarlo como denuncia a los juzgados para que éstos investiguen.

El caso del uso de las tarjetas de empresa para gastos excesivos durante el mandato de Diego Sales como rector saltó a la luz pública en diciembre de 2014, cuando los periódicos del Grupo Joly publicaron que el ex rector de la Universidad de Cádiz entregó tarjetas de crédito de empresa a integrantes del equipo de gobierno universitario (vicerrectores y algunos directores generales), que fueron usadas prácticamente sin control y generando un gasto nunca inferior a los 380.000 euros en el periodo comprendido entre 2007 y 2011.

Entre los gastos costeados por la UCA figuraban compras aparentemente personales y facturas de restaurantes, además de innumerables viajes, que se suponen que se tendrían que haber realizado a través de una central con el operador habitual con el que trabaja la institución universitaria. Apenas había gasto en librerías, pero en cambio, la UCA, que entonces arrastraba un déficit de casi 60 millones de euros, pagaba incluso gastos ínfimos, como desayunos, tiques de parking y billetes de metro. También aparecían apuntes de hipermercados como Makro y de tiendas de muebles como Ikea. En esos días, la Universidad y algunos directivos señalados justificaron los gastos como necesarios por motivos protocolarios y de cortesía con invitados de la propia UCA, entre otros argumentos.

Según se publicó entonces, el montante pudo ser muy superior, ya que en la práctica cada cargo que contara con una tarjeta podía utilizarla sin una estricta fiscalización. Posteriormente a la publicación de estas informaciones, el actual equipo rector encargó una auditoría, sin que hasta la fecha se sepa si se ha llegado a alguna conclusión. Un informe interno anterior, que se dio a conocer en esos mismos días, sí consideraba que al menos el gasto de los usuarios en bares fue "poco prudente".

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