Eléctrica de Cádiz ha vivido unos meses convulsos que le ha hecho llegar al límite y a tomar decisiones como una indexación de los precios, es decir, someter las tarifas al precio diario de la energía, al cese de una de las consejeras de Eléctrica de Adelante Cádiz y que era considerada como una gurú en el terreno de la energía, Alba del Campo; y a una ampliación de capital de seis millones para solventar una situación de desequilibrio patrimonial en la comercializadora que la podía haber llevado a su cierre. Estas son algunas de las decisiones que se han tomado, pero como se indica en algunos de los informes de los expertos encargados en las últimas semanas, pueden que no sean las suficientes.

Vayamos al contexto, a los números puros y duros que se indican en los citados informes. La Comercializadora Eléctrica de Cádiz cerró el pasado ejercicio con algo más de 7,3 millones de euros de pérdidas. Los motivos son por todos conocidos. Un incremento exponencial en el precio de le energía que hacía que Eléctrica de Cádiz la comprara mucho más cara de lo que después se lo vendía a sus clientes desde la segunda parte del año pasado.

A pesar de que Eléctrica hizo dos subidas de tarifa, una en octubre de 2021 y otra en enero de este, el que se tuvieran que aprobar con dos meses de antelación antes de su entrada en vigor, hacía que cuando se hacían efectivas, estaban muy lejos de la realidad que se marcaba en el mercado eléctrico, por lo que las pérdidas seguían aumentando.

Precisamente lo que hizo el consejo de administración de Eléctrica de Cádiz fue decidir que se indexaran las tarifas, que además de hacer que se iguale el precio de compra y el de venta, esto significa que el alza de los precios o la bajada incide en el bolsillo de sus clientes.

Tal y como hemos citado anteriormente, la situación de las pérdidas y el que la compañía fuera a una situación insostenible es lo que genera una tensión interna bestial que termina con el cese de Alba del Campo como consejera y que, de manera indirecta, también se produzca un enfrentamiento con el entonces jefe de gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia.

Volvamos a las pérdidas. En el informe de Arlion, una firma de auditores y asesores y que conforma el estudio independiente para pronunciarse si la ampliación de capital prevista realizar con aportación de fondos del Ayuntamiento se realiza económicamente en condiciones de mercado, se dice que la pérdidas de 7.352.431 euros en el ejercicio de 2021 han causado un efecto de “una reducción muy drástica de los fondos propios de la sociedad que pasan de 8.361.928 euros (al inicio del ejercicio) a 1.009.497 euros al final”.

Pero en este informe externo se dice también que hay pérdidas por importe de 3.910.148 euros en el primer trimestre de 2022 “extremadamente relevantes para un período de tres meses, cuyo impacto en los estados financieros de la sociedad ha sido el paso a tener fondos propios negativos por importe de 2.900.649 euros, encontrándose, en consecuencia, en situación de desequilibrio patrimonial”.

Según la ley de Sociedades de Capital, hay causa de disolución cuando las pérdidas están por encima de la mitad del capital social de la compañía, de ahí que desde el Partido Popular se defendiera desde las últimas semanas el argumento de que la Comercializadora de Eléctrica de Cádiz se encontraba en quiebra técnica.

Más adelante, el mismo informe de Arlion alerta de que “la positiva y generalizada evolución histórica de Eléctrica de Cádiz, excepción hecha del ejercicio 2018, ha experimentado un giro radical y negativo en el ejercicio 2021 y en el primer trimestre de 2022, circunstancia que llevarán a la sociedad a la situación de fondos propios negativos y, en consecuencia, de desequilibrio patrimonial que, de no tomarse las medidas adecuadas, estaría abocada a su disolución”.

Si nos vamos al documento que ha hecho la propia Comercializadora Eléctrica de Cádiz y que se titula ‘Informe sobre las pérdidas sobrevenidas y la situación de desequilibrio patrimonial ocasionada por el extraordinario incremento del precio del suministro eléctrico’, se dice por un lado que “la decisión de indexar los precios de la cartera de clientes a la cotización del mercado fue la más acertada en estos momentos convulsos”.

Pero en lo que se refiere a la evolución de la sociedad y dado que los precios indexados no han entrado en vigor hasta el 15 de marzo, “el primer trimestre del ejercicio (2022) vuelve a arrojar pérdidas de 3,9 millones de euros”. En este sentido avisa de que “atajado el problema de precios con la indexación de tarifas, nuestra previsión es de encauzar el resto del ejercicio en beneficios, pero la generación de estos en los meses siguientes no será suficiente para compensar totalmente el resultado del primer trimestre”.

Por ello, concluye en este apartado el informe interno que “estimamos finalizar el ejercicio 2022 con un resultado negativo difícil de cuantificar, ya que el margen de contribución a partir de la indexación de precios no llega a cubrir las pérdidas del primer trimestre”.

Para ejercicios sucesivos se prevé la vuelta a resultados positivos con un EBITDA/ingresos en torno al 3,2%.

En el tercero de los informes, el realizado por Cuatrecasas, además del abanico de medidas que se planteaba y que finalmente se ha optado por la ampliación de capital, se pide analizar la necesidad de llevar a cabo “medidas adicionales desde un punto de vista empresarial, financiero y de negocio, respecto del funcionamiento diario y desenvolvimiento de la actividad de la sociedad con el objeto de evitar en el corto plazo una situación de insolvencia o de nuevo desequilibrio patrimonial que pueda poner en peligro la continuidad de la compañía”.

En el de Eléctrica de Cádiz, cuyo informe está fechado en este mismo mes de julio de 2022, se hacen eco de las conclusiones del informe independiente y se habla de realizar “para el restablecimiento del equilibrio patrimonial y aporte de liquidez inmediata 6 millones de euros”, que es la ampliación de capital acordada.

Pero se refleja que hay una necesidad de fondos totales de 12,5 millones, por lo que habría que conseguir otros 6,5 millones. El resto, según Eléctrica de Cádiz, “podría resolverse mediante la financiación bancaria o la del proveedor de energía siempre que la solvencia de la sociedad quedase acreditada, de modo que no se requieren más fondos de los accionistas”.

Otro de los aspectos que se resalta en el informe interno es el que las pérdidas de la sociedad vienen generando tensiones de tesorería “que se han visto agravadas como consecuencias de las liquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido”. En este sentido, una de las medidas aprobadas por el Gobierno central para paliar en parte la subida de los precios “ha supuesto que nuestra facturación se gire fundamentalmente al tipo del 10% del IVA, pero nuestras compras, peajes y gastos están todos gravados al 21%”. Eso ha hecho que haya ahora mismo un saldo a favor de la sociedad a 30 de abril de seis millones de euros cuya devolución se ha solicitado “y se espera que suponga un impacto relevante en nuestra tesorería. Esta situación, de no regularizarse en breve por parte de la Agencia Tributaria, se verá agravada por la nueva anunciada reducción del IVA repercutible a clientes del 10 al 5%”.

Así, se habla de que la ampliación de capital de seis millones de euros tiene un doble objetivo: por un lado, reforzar los recursos propios ante las pérdidas de 2021 y 2022; por otro, dotar de la liquidez para afrontar el ejercicio 2022.

Este mismo informe, y dentro del apartado de riesgo de liquidez en el que se integran estas últimas reflexiones, asegura que para la hipótesis actual de pago a proveedores de energía a 60 días fecha factura, “el informe de viabilidad del experto independiente evalúa las necesidades de fondos a los efectos de tesorería en 9 millones de euros”.

Por ello, afirma que en tanto y en cuanto no se consiga la devolución del IVA “la ampliación de capital prevista resulta insuficiente para afrontar todos los pagos de la sociedad”.